Los dos tucumanos que votaron en contra

Los dos tucumanos que votaron en contra

Rojkés de Alperovich y Mansilla querían una ley más flexible.

APOYO RADICAL. José Cano, de Tucumán, votó el proyecto que finalmente se impuso. DYN APOYO RADICAL. José Cano, de Tucumán, votó el proyecto que finalmente se impuso. DYN
30 Septiembre 2010
BUENOS AIRES.- Los senadores nacionales de Tucumán por el Frente para la Victoria, Beatriz Rojkés de Alperovich y Sergio Mansilla, votaron en contra del proyecto aprobado para la protección de los glaciares. Ambos parlamentarios apoyaron, sin embargo, la iniciativa que establecía condiciones más flexibles para las explotaciones mineras. Desde la vereda contraria, José Cano, del radicalismo, apoyó la propuesta que se impuso por 35 a 33.

La ley sancionada esta madrugada se denomina "Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial", consta de 18 artículos y establece fuertes condiciones ambientales. Se destaca por la creación de un inventario de glaciares y de un registro sobre las dimensiones, avances y retrocesos de los ríos de hielo. También establece requisitos para proteger las zonas aledañas y fija prohibiciones sobre la explotación en las regiones periglaciares. Además, requiere la confección de una auditoria ambiental.

Puntos conflictivos
Las diferencias de opiniones entre los proyectos se centraron en dos artículos, el 2 y el 15, modificados en la cámara de Diputados, después que el senador oficialista Daniel Filmus decidiera retirar del dictamen el apoyo al artículo 17, que obligaba a las empresas a esperar el pronunciamiento de un organismo nacional, el Instituto Argentino de Niveología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia), antes de recibir la autorización para sus iniciativas.

El artículo 2, en tanto, establece la definición y el alcance de un glaciar y su zona adyacente: la sancionada por el Senado el año pasado establece condiciones menos restrictivas para la actividad minera como la reelaborada por al cámara baja. La segunda diferencia, la del artículo 15, en la versión del Senado, no se establecían plazos concretos para efectuar los inventarios y las auditorías contempladas por la legislación, en tanto la versión de Diputados pone un límite de 180 días. LA GACETA ©

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