Para mejorar la eficacia de la Justicia Penal, el secretario de la Fiscalía de Instrucción de la II Nominación, Emilio Salazar, elaboró un curioso proyecto que prevé que las 10 fiscalías de la capital trabajen en doble turno, de 7 a 14 y de 15 a 22, y que atiendan al público de 8 a 12 y de 17 a 21. La iniciativa fue presentada al Centro de Funcionarios Judiciales para que la eleve a la Corte Suprema de Justicia.
El proyecto parte de que, por restricciones presupuestarias, es imposible crear 10 y cuatro fiscalías más, en la capital y en Concepción, respectivamente. Eso sería lo ideal, según el trabajo, teniendo en cuenta que desde 1991, cuando se reformó el Código Procesal Penal, creció la población y se triplicó o cuadruplicó la cantidad de causas.
El esquema diseñado por Salazar sugiere que, en lugar de crear más fiscalías, se aumente de 13 a 21 el número de personas que hoy se desempeñan en cada una de ellas. "La idea es que haya un fiscal, un ayudante fiscal y un secretario y dos prosecretarios. Los tres trabajarían en doble turno, con dedicación exclusiva, aunque los horarios podrían fijarse según las necesidades a que obligue el servicio. A ellos habría que sumar 10 instructores, cuatro empleados de mostrador y dos ordenanzas, quienes, divididos en dos grupos, cubrirían los dos turnos", manifestó el funcionario.
Si no hay recursos, ¿de dónde saldrían los 70 nuevos empleados que se necesitarían? "Habría que realizar un relevamiento de toda la planta de personal del Poder Judicial y constatar si hay áreas que puedan prescindir de algunos funcionarios o trabajadores para trasladarlos a las Fiscalías. La otra posibilidad es recurrir a otras reparticiones públicas", contestó.
También se aconseja que las 10 fiscalías tengan la misma competencia y que, por sorteo, actúe una cuando ingrese una denuncia por corrupción. Así, según Salazar, habría un control sobre el avance de este tipo de investigaciones y el personal que hoy trabaja para la Fiscalía Anticorrupción podría estar al servicio de quien lo necesite.
El proyecto parte de que, por restricciones presupuestarias, es imposible crear 10 y cuatro fiscalías más, en la capital y en Concepción, respectivamente. Eso sería lo ideal, según el trabajo, teniendo en cuenta que desde 1991, cuando se reformó el Código Procesal Penal, creció la población y se triplicó o cuadruplicó la cantidad de causas.
El esquema diseñado por Salazar sugiere que, en lugar de crear más fiscalías, se aumente de 13 a 21 el número de personas que hoy se desempeñan en cada una de ellas. "La idea es que haya un fiscal, un ayudante fiscal y un secretario y dos prosecretarios. Los tres trabajarían en doble turno, con dedicación exclusiva, aunque los horarios podrían fijarse según las necesidades a que obligue el servicio. A ellos habría que sumar 10 instructores, cuatro empleados de mostrador y dos ordenanzas, quienes, divididos en dos grupos, cubrirían los dos turnos", manifestó el funcionario.
Si no hay recursos, ¿de dónde saldrían los 70 nuevos empleados que se necesitarían? "Habría que realizar un relevamiento de toda la planta de personal del Poder Judicial y constatar si hay áreas que puedan prescindir de algunos funcionarios o trabajadores para trasladarlos a las Fiscalías. La otra posibilidad es recurrir a otras reparticiones públicas", contestó.
También se aconseja que las 10 fiscalías tengan la misma competencia y que, por sorteo, actúe una cuando ingrese una denuncia por corrupción. Así, según Salazar, habría un control sobre el avance de este tipo de investigaciones y el personal que hoy trabaja para la Fiscalía Anticorrupción podría estar al servicio de quien lo necesite.







