Como sucede en todas las elecciones, comenzaron las impugnaciones. Exequiel Avila Gallo, candidato a legislador por el sublema Federalista del Frente Unión por Tucumán, objetó la postulación de José Alperovich a gobernador por el justicialismo, por profesar la fe judía. Hoy, en tanto, numerosos organismos defensores de los Derechos Humanos harán lo propio contra las aspiraciones de Antonio Bussi (Fuerza Republicana) de ser intendente de la capital, por entender que no tiene habilidad moral para ejercer el cargo. Avila Gallo presentó un escrito en la Junta Electoral, en el que sostuvo que, en caso de ser elegido, el postulante peronista no podrá jurar por los Evangelios, como lo exige el artículo 80 de la Carta Magna provincial.
El ex diputado nacional concretó el planteo, pese a que recientemente la Cámara en lo Contencioso Administrativo declaró inconstitucional el polémico artículo 80 a causa de una acción de amparo interpuesta por Alperovich. "Es un fallo absoluta e insanablemente nulo, sin valor jurídico alguno; es arbitrario y antojadizo", manifestó.
"Como el candidato no practica la religión cristiana y aún espera la llegada del Mesías, no podrá cumplir con el juramento formal, que es una cláusula de carácter solemne y de Derecho Público provincial. Ella no puede ser modificada por normas nacionales o internacionales, ni ser declarada inconstitucional", aseveró.
El fantasma del pasado
En el caso de Bussi, dos planteos ingresarán en forma paralela, pero quedarán abiertos para que se adhieran otras entidades, gremios y ciudadanos.
Las presentaciones afirmarán que Bussi no reúne el requisito esencial exigido por la Constitución Nacional, el de la idoneidad ética y moral para el ejercicio de un cargo público, a causa de su actuación durante la última dictadura militar y de las numerosas violaciones a los derechos humanos. Recordarán, además, que en 1999 la Cámara de Diputados le rechazó el diploma -y, por ende, su ingreso- por esa causa, y que pesa sobre él un pedido de captura internacional impulsado por el juez español Baltasar Garzón.
Una de las impugnaciones será encabezada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH-Tucumán), y la otra por HIJOS y por Familiares de Detenidos Desaparecidos.
El ex diputado nacional concretó el planteo, pese a que recientemente la Cámara en lo Contencioso Administrativo declaró inconstitucional el polémico artículo 80 a causa de una acción de amparo interpuesta por Alperovich. "Es un fallo absoluta e insanablemente nulo, sin valor jurídico alguno; es arbitrario y antojadizo", manifestó.
"Como el candidato no practica la religión cristiana y aún espera la llegada del Mesías, no podrá cumplir con el juramento formal, que es una cláusula de carácter solemne y de Derecho Público provincial. Ella no puede ser modificada por normas nacionales o internacionales, ni ser declarada inconstitucional", aseveró.
El fantasma del pasado
En el caso de Bussi, dos planteos ingresarán en forma paralela, pero quedarán abiertos para que se adhieran otras entidades, gremios y ciudadanos.
Las presentaciones afirmarán que Bussi no reúne el requisito esencial exigido por la Constitución Nacional, el de la idoneidad ética y moral para el ejercicio de un cargo público, a causa de su actuación durante la última dictadura militar y de las numerosas violaciones a los derechos humanos. Recordarán, además, que en 1999 la Cámara de Diputados le rechazó el diploma -y, por ende, su ingreso- por esa causa, y que pesa sobre él un pedido de captura internacional impulsado por el juez español Baltasar Garzón.
Una de las impugnaciones será encabezada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH-Tucumán), y la otra por HIJOS y por Familiares de Detenidos Desaparecidos.







