No quieren jurados nacionales para los concursos judiciales

El secretario de Gobierno afirma que sería costoso en dinero y en tiempo llamar a juristas de otras provincias. Defienden al Consejo de la Magistratura.

El Poder Ejecutivo rechazó la sugerencia de la filial de la Red Argentina por la Democracia de que, en el futuro, se convoque a calificados juristas nacionales para que evalúen a los interesados en cubrir vacantes en el Poder Judicial. La propuesta surgió porque el gobierno de Julio Miranda elabora un decreto para modificar el sistema de designación de jueces, con el objetivo de que se realicen concursos públicos de oposición y de antecedentes.
"Confiamos en la capacidad técnica y ética de los integrantes del Consejo Asesor de la Magistratura (Corte Suprema, Colegio de Abogados y Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT). Ellos serán los jurados de los concursos. No hay razones para suponer que gente de afuera tenga mayores condiciones que ellos". Esto afirmó el secretario de Gobierno, Luis Acosta.
El funcionario insistió en que sólo se pretende retocar el sistema (hoy el CAM le sugiere al PE ternas, no vinculantes, con postulantes para un cargo concreto), pero no eliminar el CAM. "Esta idea de convocar a gente de afuera implica modificar la actual integración del CAM. Además, implicaría mayores costos y tiempo para la cobertura de las vacantes", dijo Acosta en relación con el planteo de un grupo de magistrados encabezado por Pedro Roldán Vázquez.

Otra propuesta
Desde Concepción, el Colegio de Abogados del Sur se quejó de la falta de publicidad que reina en el sistema. Por ello, reclamó la creación de una escuela judicial que se encargue de la preselección y de la formación de los futuros magistrados. El organismo, según Eduardo Fernández (presidente) y Rolando Granero (secretario), debería integrarse con magistrados y funcionarios de todas las categorías, con los colegios de abogados y de procuradores, y con las facultades de Derecho de la UNT y de la UNSTA.
Los letrados pidieron un registro de aspirantes a la magistratura y que el CAM se encargue de la selección, pero mediante un procedimiento que garantice la publicidad y la objetividad. "Hoy esto no se garantiza y todo queda librado a la más amplia e irrestricta discrecionalidad del gobernador, sin condicionamientos ni orden de mérito de los habilitados. Miranda se apartó de una terna elevada por el CAM", concluyeron, en referencia, aparentemente, al caso de Ana Antún de Nanni, jueza de Cobros y Apremios de esta capital.

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