Tucumán sigue avanzando hacia abajo. Ahora, ha traspasado el peldaño de la precariedad y se ha tornado impredecible. Nada se puede prever en este subtrópico. Ni siquiera unas elecciones. Todo un indicador para reflexionar acerca de qué nombre debe darse al sistema político provincial, al que libremente se denominaba democracia, cuando el único parecido con ella son las votaciones regulares.
El sismo institucional que significó el aplazamiento del cronograma comicial, y que no terminó siendo un terremoto porque duró sólo 48 horas, puso a los tucumanos frente a una crisis en el terreno electoral a la que ya están acostumbrados en los planos de la educación, de la salud y de la seguridad.
La única diferencia que alivia mínimamente el colapso de estos tres últimos sistemas provinciales es la intervención de un sector privado, que brinda esos servicios a quienes pueden pagarlo, con lo cual una porción de la comunidad tiene un paliativo. En cambio, el sistema electoral es indelegablemente estatal. Por el ello, el cimbronazo judicial sacudió a todos por igual. Pero no sólo en cuanto a la incertidumbre que durante dos días rodeó a la fecha de los comicios y a las condiciones para ser candidato, sino porque puso el dedo en la llaga común.
El fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo puso en texto legal lo que la ciudadanía pregona y es que la Ley de Lemas es nociva para la democracia. Este mecanismo corroe la representatividad de los gobernantes.
Con este sistema electoral nuevamente vigente, esa falta de representatividad es de origen. El sublema es, ante todo, una construcción momentánea, armada al solo efecto de la oferta electoral. No tiene nivel institucional de ninguna clase y, para mejor, carece de toda responsabilidad política. La sociedad le saca factura de lo que hace el legislador o el concejal al lema por el cual salió electo, pese a que este partido o frente nunca lo propuso (no hay internas para estos cargos). Y pese a que tampoco tiene capacidad para quitarle la banca, porque la jurisprudencia establece que el dueño del cargo electivo es quien lo obtuvo con el voto popular. Luego viene la falta de representatividad de los votos, con parlamentarios ungidos con 3.000 sufragios y con ediles consagrados con 100 adhesiones.
Pero estos ni siquiera son los dislates más groseros. El verdadero desquicio (no señalado por la Justicia) radica en que el candidato del sublema, sencillamente, no tiene derecho a controlar el resultado de las urnas. Como hay centenares de sublemas por distrito o departamento, sólo hay un fiscal de mesa por lema. El postulante, consecuentemente, ni siquiera cuenta con un miserable certificado de escrutinio. "Esto va en contra de cualquier lógica electoral", sintetiza el abogado Manuel Roberto Valeros. Las denuncias de fraude llegan en camiones.
La Ley de Lemas es la derrota cabal del "que se vayan todos", que en los hechos era un "que se vayan estos". Basta mirar a los legisladores que quieren ser concejales o intendentes, a los ediles que quieren ser legisladores o jefes municipales, a los intendentes que quieren ser parlamentarios, y a los diputados nacionales que quieren seguir legislando pero en la provincia.
Finalmente, el planteo de aumentar las exigencias a los sublemas para su inscripción tampoco es de simple concreción. Es claro que no puede convertirse en fedatario de documentos públicos a cualquiera que designe como apoderado. Pero con reclamar un número mayor de avales, y que estos sean autenticados por un escribano, se estará peligrosamente cerca de las condiciones que se piden para la habilitación de un partido político. Lo que termina de mostrar que la crisis es sistémica.
Que la Justicia haya desatado semejante tembladeral representa, desde un análisis por signos, que hasta una persona con los ojos vendados advierte que esta situación no da para más.
