Penosa instigación al descrédito

La Justicia Electoral no ha recibido denuncia formal alguna en ninguno de los distritos del país sobre irregularidades en la primera etapa de los comicios presidenciales. Por su parte, los veedores de la Organización de Estados Americanos que concurrieron para seguirlos de cerca, así como de otros organismos y países hermanos, han coincidido en su corrección. Sin embargo, más de un candidato presidencial amenazó con graves imputaciones sobre presuntos fraudes, sin llegar a concretarlos, poniendo nuevamente en evidencia la baja calidad política de la campaña electoral, teñida de agravios y secundada por cierto periodismo amarillista, en rebeldía con la misión de los medios de comunicación social. Por otra parte, la contratación de una probada empresa extranjera especializada en el desarrollo de los procesos electivos, demostró ser acertada, con la previsión que los mismos han tenido hasta el momento. Infortunadamente, esas denuncias tan sólo sirvieron para desacreditar una vez más al país por quienes, precisamente, aspiran a gobernarlo, lo cual representa otro golpe de desconfianza para la llamada clase política.
Desde la vigencia de la Ley Sáenz Peña, en 1912, que estableció el régimen de voto universal, secreto y obligatorio, el acto en sí de los comicios tan sólo tuvo en muy raras ocasiones aisladas, irregularidades sin trascendencia significativa. Los fraudes contra la voluntad popular en nuestro país generalmente se consumaron en otra instancia, es decir, la preelectoral, mediante decisiones con el invariable fin de asegurar o forzar determinado resultado político en las urnas. La primera de esas graves violaciones se produjo en los comicios organizados por el gobierno militar que asumió el poder político el 6 de setiembre de 1930, mediante la exclusión de la Unión Cívica Radical, que había sido arrojada del gobierno un año antes. Otra decisión de esa naturaleza se produjo después de la revolución que derrocó a la administración peronista en 1955, mediante la declaración de ilegalidad de su partido.
Antes de esa fecha, la renovación presidencial de Juan Domingo Perón se llevó a cabo en elecciones para las cuales, no pocos candidatos de la oposición se hallaban exiliados en Montevideo o dejaban las celdas carcelarias para cubrir apariencias de normalidad política.
Aparte de esas graves violaciones preelectorales, protagonizadas por gobiernos diversos y consentidas de hecho por los sectores políticos concurrentes a las urnas, hubo otras del mismo carácter, aunque sin recurrir a los vetos de un partido o un candidato. La más singular y notoria se produjo durante el actual proceso de transición gubernamental, y consistió en suprimir la interna del Partido Justicialista, después de haber sido acordada por el propio gobierno con los gobernadores -6 de febrero de 2002- e integrada en el plan político aprobado por el Congreso, trasladando esa definición al comicio presidencial. Ello ha sido posible eludiendo el régimen electoral de elección por fórmulas y por partido, al imponerse uno de lemas que permitió la concurrencia de varias fórmulas por el partido oficialista, dos de las cuales competirán en el próximo ballottage, desvirtuando el sentido del sistema de doble vuelta, convertido así de hecho en el desenlace de la interna partidaria. Nuestra experiencia acumula, pues, suficientes irregularidades, y hasta fraudes, preelectorales que, si bien en sus momentos pudieron tolerarse como alternativa para una circunstancia más grave, en el corto o mediano plazo dieron origen a crisis políticas e institucionales donde la representatividad de los gobernantes fue puesta en tela de juicio.
Advertirlo a tiempo y asumir el porvenir con sabiduría fue la virtud ausente en aquellas decisiones improvisadas, con un costo que nuestra historia sólo ha podido cobrar mediante gravosas ejecuciones de la República.