La Corte Suprema levantó la suspensión que pesaba sobre las elecciones de junio

El alto tribunal dejó sin efecto la medida cautelar que dictaron el viernes dos camaristas para que se limite el número de sublemas. Uno de los vocales está de licencia.

SATISFACCION. Tranquila y feliz, la fiscal de Estado adjunta, Sara Fauze, se retiró a las 17 de Tribunales con la resolución favorable en la mano.
SATISFACCION. Tranquila y feliz, la fiscal de Estado adjunta, Sara Fauze, se retiró a las 17 de Tribunales con la resolución favorable en la mano.
"Todo está como era entonces", dijeron ayer con ironía en el Poder Ejecutivo cuando cerca de las 17 los notificaron de la resolución de la Corte Suprema de Justicia. Esta dejó sin efecto la medida cautelar por la que el viernes pasado la sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo suspendió provisoriamente, por diez días, las elecciones del 29 de junio, tras ordenar a la provincia que corrija ciertos desbordes de la Ley de Lemas.
El mismo viernes, el PE salteó a la Cámara Contenciosa y directamente interpuso un per saltum ante el alto tribunal para que considere la polémica resolución que derribó el artículo 2 de la Ley de Lemas y que puso en duda por 24 horas la celebración de los comicios provinciales. Con los votos de Antonio Gandur, Alberto José Brito, Alfredo Dato y Héctor Eduardo Area Maidana (René Goane está de licencia), la Corte hizo lugar parcialmente al planteo del PE. Previamente, se había expedido por la admisibilidad del recurso el ministro fiscal, Luis de Mitri.
En una salida salomónica, el tribunal concluyó que no podía avocarse al estudio de fondo (la constitucionalidad de la Ley de Lemas) porque, de hacerlo, podía violentar el derecho de defensa (léase de plantear recursos) de la parte actora, representada por el abogado Clímaco de la Pena (anticipó a LA GACETA que presentará un escrito). Este interpuso la acción de amparo que dio lugar al fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, en cuya órbita se continuará discutiendo el polémico sistema electoral.
No obstante, la Corte consideró que sí había que desactivar la cautelar que había paralizado el cronograma electoral. "Resulta palmario que la medida causa un grave impacto y alteración institucional en la provincia al enervar el proceso eleccionario en desarrollo, en el que está participando la ciudadanía con derechos y expectativas fundados en la ley. El efecto resulta insostenible cuando la sentencia sobre el fondo del asunto no se encuentra firme y, por lo tanto, su cumplimiento resulta inexigible", manifestaron los vocales.

No hay incompatibilidad
El tribunal insistió en que, al no estar firme el fallo de la Cámara Contenciosa, no se entendía por qué -cautelar mediante- se estableció un plazo de 10 días, durante el cual se suspendieron provisoriamente los comicios.
La Corte también aclaró que no había obstáculo en que Gandur, no obstante que preside la Junta Electoral, intervenga en el caso. "En ningún momento prejuzgó sobre la constitucionalidad (o no) de la Ley de Lemas. Y en el presente juicio, la junta no tuvo ninguna participación", concluyó.

En el Gobierno reconocen defectos en la Ley de Lemas


El Poder Ejecutivo calificó de arbitrario el fallo por el cual la sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo declaró inconstitucional el artículo 2 de la Ley de Lemas.
"El Poder Judicial se transformó en virtual legislador al imponer modos y formas que son atributos privativos del Poder Legislativo". Esto aseguró el fiscal de Estado, Benito Garzón, en el per saltum (salto de instancias procesales) que directamente interpuso ante la Corte Suprema de Justicia para que se deje sin efecto la sentencia recurrida.
El gobierno de Julio Miranda considera que los camaristas Enrique Guibert y Rodolfo Novillo actuaron prácticamente como legisladores. Los vocales declararon inconstitucional el artículo 2 de la Ley de Lemas por entender que permite una proliferación desmesurada de sublemas. También suspendieron provisoriamente, por 10 días, los comicios del 29 de junio para que la Provincia (léase la Legislatura) sancione otra norma en la que se corrijan los errores señalados. La Corte Suprema dejó ayer sin efecto esto último.
"Se afectó el sistema republicano de gobierno y la división de poderes. Pretender intimar a la Legislatura a que dicte una ley que la reemplace (a la de Lemas) podría dar a interpretar que se pretende revivir el Tribunal Constitucional", dijo Garzón.

Reconocimiento
El Gobierno reconoció que la Ley de Lemas debe ser modificada. "Resulta público y notorio que se produjo una excesiva oferta electoral de sublemas. Esto atenta contra la representación genuina de la población. Mas, en modo alguno, es por una sentencia judicial que el problema debe ser resuelto", afirmó.
Además de considerar que la sentencia no es razonable, el PE criticó que se le haya reconocido legitimidad procesal a un grupo de ciudadanos, patrocinados por el abogado Clímaco de la Peña (este interpuso la acción de amparo que dio lugar al fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo).
Ayer, la fiscal de Estado adjunta, Sara Fauze, se mostró satisfecha con la decisión de la Corte Suprema de levantar la suspensión que pesaba desde el viernes sobre las elecciones. No obstante, en los próximos días, ella y Garzón trabajarán en el recurso que interpondrán en contra del fallo de Guibert y de Novillo.

Falú advierte de un conflicto inédito

El diputado nacional José Ricardo Falú criticó con dureza el fallo por el cual la sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo declaró parcialmente inconstitucional la Ley de Lemas.
"Estamos de acuerdo en que, en el futuro, hay que abolir el régimen de lemas, pero hoy hay que cumplir la ley", dijo en una opinión estrictamente jurídica.
Falú precisó que la sentencia generó un inédito y múltiple conflicto de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, que actuaron en la órbita de sus atribuciones, y la Justicia. "Esto sólo podrá desenredarlo la Corte Suprema actuando en su calidad de tribunal constitucional", manifestó.
"Es inconcebible -afirmó- que la sentencia haya sido dictada cuando estaba en marcha el proceso electoral". "Una vez que este mecanismo entra en funcionamiento está bajo la órbita de la Junta Electoral, órgano previsto por la Constitución. La Justicia sólo puede inmiscuirse para cuestiones judiciales concretas, pero no para descalificar el sistema de lemas con pretensiones generales, válidas para todos", concluyó.

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