Por Redacción Política
10 Mayo 2003
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El Poder Ejecutivo planteó un per saltum (salto de instancia procesal) a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, a raíz de la decisión de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que declaró la inconstitucionalidad del artículo 2 de la "Ley de Lemas" (6.146).
"Hicimos un pedido de avocación directa al alto tribunal para que trate directamente y entienda en la causa sin necesidad de utilizar los recursos del amparo por inconstitucionalidad, lo que llevaría mucho tiempo", explicó a LA GACETA el fiscal de Estado, Benito Garzón, luego de trabajar en la presentación del Gobierno con el gobernador Julio Miranda, el vicegobernador Sisto Terán, y la fiscal adjunta, Sara Fauze.
Garzón señaló que hay precedentes y que se usa el per saltum cuando existe gravedad institucional. "Se invocó la gravedad institucional, la notoria invasión en la división de los poderes y la afectación de los derechos adquiridos de muchos ciudadanos que se presentaron (con sublemas) al amparo de la legislación vigente", apuntó. Indicó que esto último podría derivar en una catarata de juicios que debería pagar el Estado "o los jueces que dictaron esa sentencia".
Según Garzón, el fallo no es razonable porque se declara inconstitucional una norma cuando está vigente el cronograma electoral. "Eso significa afectar derechos adquiridos", aseguró. También dijo que no es razonable porque "no hay adecuación entre el medio elegido y el fin de modificar un sistema electoral, que debe hacerse por ley o por reforma constitucional". "Los jueces pueden declarar la inconstitucionalidad, pero no decirles a los otros poderes cómo hacerlo", subrayó.
"Esto y otros muchos errores transforman la decisión de la Justicia en arbitraria, con una arbitrariedad jurídica manifiesta que le impide subsistir como acto jurídico válido", afirmó.Garzón recordó que los plazos electorales se basan en términos constitucionales, por lo que una nueva convocatoria violaría la Carta Magna. "Eso no resiste el menor análisis", sostuvo.
En cuanto a las medidas seguidas por el PE, el fiscal de Estado mencionó que ayer, además del planteo ante la Corte Suprema de Justicia, se hizo una presentación ante la Junta Electoral Provincial para que no altere el cronograma electoral.
También se planteó un recurso de aclaratoria ante la propia Cámara en lo Contencioso Administrativo porque en el fallo se involucró a los candidatos a gobernador, a vicegobernador y a intendentes, cuando la ley de Lemas rige la presentación para legisladores y concejales.
La expectativa del Gobierno es que la Corte resuelva de inmediato. "Esperamos que se resuelva rápidamente, porque de lo contrario no se cumple con el cronograma electoral", señaló.
ANALISIS
La racionalidad es un bien escaso
Por Federico Abel
La improlijidad y la improvisación -ya endémicas- terminaron haciendo que la racionalidad sea hoy un bien escaso en Tucumán. En las elecciones de 1999 la vieja y noble idea de la democracia representativa quedó reducida a una romería de 1.879 sublemas (197 para legisladores y 1.682 para concejales). El mundo, admirado, veía cómo, más como una salida laboral que por convicción cívica, pululaban los candidatos. De pronto, la política, en retroceso en todo el mundo por los avances del mercado y de la economía, en Tucumán vivía una insólita primavera.
Pero la sociedad no creyó en semejante fervor democrático y pagó este festival de postulaciones con la mayor abstención a una elección provincial desde el restablecimiento del estado de derecho, en 1983: 266.359 personas, el 32,49% del total de electores prefirió quedarse en la casa el 6 de junio de 1999. A ello hay que agregarle que todos los sublemas sumaron apenas 85.503 votos sobre 228.241 emitidos.
Los nuevos legisladores no quisieron -o no les interesó- leer el mensaje de las urnas. No cambiar el sistema de lemas. Todo lo contrario, lo apuntalaron y, luchas intestinas mediante, se dispersaron en once bloques. Los partidos quedaron hecho jirones. Ante esto, un grupo de ciudadanos bajo la traviesa imaginación jurídica del abogado Clímaco de la Peña interpuso en agosto pasado una acción de amparo directamente ante la Corte Suprema. El objetivo era que se declare inconstitucional toda la Ley de Lemas.
Siete meses no es nada
En octubre, en un fallo dividido y con las objeciones de Antonio Gandur y de Alfredo Dato, el alto tribunal le tiró la brasa más que ardiente a la sala III de la Cámara Contenciosa Administrativa. Esta tuvo siete meses para decidir una cuestión clave. Sin embargo, se decidió apenas 20 horas antes de que venza el plazo para que se inscriban los candidatos de los 2.277 sublemas y cuando la maquinaria electoral ya estaba en marcha.
La sentencia acierta cuando dice que la desmesurada cantidad de sublemas atenta contra la libertad de elegir -algo que piensa todo el mundo- y que hay que corregir esto. Pero deja lugar a suspicacias por el momento en que se la emitió y porque le da un plazo de sólo 10 días a la Legislatura para que ponga en orden el caos que no se arregló en cuatro años. Ahora la Corte, por no asumir la responsabilidad directamente en el primer momento (Gandur ayer estaba contento porque piensa que la realidad le dio la razón), tiene la última palabra. Es que en el gobierno piensan que, con la clara intención de favorecer a la oposición, la Cámara Contenciosa terminó agregando más confusión. Más allá de lo que decida la Corte Suprema, se perdió otra oportunidad para introducir un cambio de fondo, concienzuda y racionalmente.
"Hicimos un pedido de avocación directa al alto tribunal para que trate directamente y entienda en la causa sin necesidad de utilizar los recursos del amparo por inconstitucionalidad, lo que llevaría mucho tiempo", explicó a LA GACETA el fiscal de Estado, Benito Garzón, luego de trabajar en la presentación del Gobierno con el gobernador Julio Miranda, el vicegobernador Sisto Terán, y la fiscal adjunta, Sara Fauze.
Garzón señaló que hay precedentes y que se usa el per saltum cuando existe gravedad institucional. "Se invocó la gravedad institucional, la notoria invasión en la división de los poderes y la afectación de los derechos adquiridos de muchos ciudadanos que se presentaron (con sublemas) al amparo de la legislación vigente", apuntó. Indicó que esto último podría derivar en una catarata de juicios que debería pagar el Estado "o los jueces que dictaron esa sentencia".
Según Garzón, el fallo no es razonable porque se declara inconstitucional una norma cuando está vigente el cronograma electoral. "Eso significa afectar derechos adquiridos", aseguró. También dijo que no es razonable porque "no hay adecuación entre el medio elegido y el fin de modificar un sistema electoral, que debe hacerse por ley o por reforma constitucional". "Los jueces pueden declarar la inconstitucionalidad, pero no decirles a los otros poderes cómo hacerlo", subrayó.
"Esto y otros muchos errores transforman la decisión de la Justicia en arbitraria, con una arbitrariedad jurídica manifiesta que le impide subsistir como acto jurídico válido", afirmó.Garzón recordó que los plazos electorales se basan en términos constitucionales, por lo que una nueva convocatoria violaría la Carta Magna. "Eso no resiste el menor análisis", sostuvo.
En cuanto a las medidas seguidas por el PE, el fiscal de Estado mencionó que ayer, además del planteo ante la Corte Suprema de Justicia, se hizo una presentación ante la Junta Electoral Provincial para que no altere el cronograma electoral.
También se planteó un recurso de aclaratoria ante la propia Cámara en lo Contencioso Administrativo porque en el fallo se involucró a los candidatos a gobernador, a vicegobernador y a intendentes, cuando la ley de Lemas rige la presentación para legisladores y concejales.
La expectativa del Gobierno es que la Corte resuelva de inmediato. "Esperamos que se resuelva rápidamente, porque de lo contrario no se cumple con el cronograma electoral", señaló.
La racionalidad es un bien escaso
Por Federico Abel
La improlijidad y la improvisación -ya endémicas- terminaron haciendo que la racionalidad sea hoy un bien escaso en Tucumán. En las elecciones de 1999 la vieja y noble idea de la democracia representativa quedó reducida a una romería de 1.879 sublemas (197 para legisladores y 1.682 para concejales). El mundo, admirado, veía cómo, más como una salida laboral que por convicción cívica, pululaban los candidatos. De pronto, la política, en retroceso en todo el mundo por los avances del mercado y de la economía, en Tucumán vivía una insólita primavera.
Pero la sociedad no creyó en semejante fervor democrático y pagó este festival de postulaciones con la mayor abstención a una elección provincial desde el restablecimiento del estado de derecho, en 1983: 266.359 personas, el 32,49% del total de electores prefirió quedarse en la casa el 6 de junio de 1999. A ello hay que agregarle que todos los sublemas sumaron apenas 85.503 votos sobre 228.241 emitidos.
Los nuevos legisladores no quisieron -o no les interesó- leer el mensaje de las urnas. No cambiar el sistema de lemas. Todo lo contrario, lo apuntalaron y, luchas intestinas mediante, se dispersaron en once bloques. Los partidos quedaron hecho jirones. Ante esto, un grupo de ciudadanos bajo la traviesa imaginación jurídica del abogado Clímaco de la Peña interpuso en agosto pasado una acción de amparo directamente ante la Corte Suprema. El objetivo era que se declare inconstitucional toda la Ley de Lemas.
Siete meses no es nada
En octubre, en un fallo dividido y con las objeciones de Antonio Gandur y de Alfredo Dato, el alto tribunal le tiró la brasa más que ardiente a la sala III de la Cámara Contenciosa Administrativa. Esta tuvo siete meses para decidir una cuestión clave. Sin embargo, se decidió apenas 20 horas antes de que venza el plazo para que se inscriban los candidatos de los 2.277 sublemas y cuando la maquinaria electoral ya estaba en marcha.
La sentencia acierta cuando dice que la desmesurada cantidad de sublemas atenta contra la libertad de elegir -algo que piensa todo el mundo- y que hay que corregir esto. Pero deja lugar a suspicacias por el momento en que se la emitió y porque le da un plazo de sólo 10 días a la Legislatura para que ponga en orden el caos que no se arregló en cuatro años. Ahora la Corte, por no asumir la responsabilidad directamente en el primer momento (Gandur ayer estaba contento porque piensa que la realidad le dio la razón), tiene la última palabra. Es que en el gobierno piensan que, con la clara intención de favorecer a la oposición, la Cámara Contenciosa terminó agregando más confusión. Más allá de lo que decida la Corte Suprema, se perdió otra oportunidad para introducir un cambio de fondo, concienzuda y racionalmente.
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