La Corte y los candidatos

Desde que en 1947 fue removida en un parcializado juicio político la Corte Suprema -con excepción de uno de sus integrantes, afecto al flamante gobierno del peronismo-, la política nacional practicó invariablemente la tesis que supeditó al tribunal supremo de justicia a las necesidades del Gobierno.
Fieles a ese modelo de corrupción institucional, civiles y militares dispusieron sucesivamente de un recurso de adecuación a las circunstancias con el que, salvo en muy contadas ocasiones, trataron de someter la realidad a sus necesidades. En la última ocasión, la maniobra fue más compleja y no eludió los recaudos constitucionales, consistiendo en elevar el número de jueces de la Corte hasta lograr una mayoría "automática" que permitió al Poder Ejecutivo disponer de compañía propicia para sus decisiones fundamentales. Por cierto que no todos los jueces que pasaron o permanecen en el máximo tribunal se adhirieron a esa tesis de la supeditación, y en ese orden se hizo famoso Manuel Orgáz, quien al renunciar manifestó que lo hacía por cansancio moral.
No es ocioso señalar que esa trayectoria de las relaciones entre el poder político y la Corte Suprema -con transferencia al fuero federal- ha sido una de las grandes causas de la pérdida de confianza en el país, por afectar la seguridad jurídica. El ex presidente y actual candidato a un tercer mandato, Carlos Menem, ha denunciado recientemente a su rival, Néstor Kirchner, por pretender, dijo, "barrer" al máximo tribunal. La respuesta de este ha sido negar tal eventualidad, comprometiéndose a "respetar absolutamente la pirámide y el ordenamiento jurídico argentino", lo cual constituye una aclaración muy oportuna que debería obrar como reaseguro para el futuro. Tampoco está de más recordar que aquella reforma del número de jueces de la Corte la impulsó el ex presidente, en tanto que el gobernador de Santa Cruz fue denunciado oportunamente por la situación judicial en su provincia, aparte de haber sostenido durante el primer tramo de su actual campaña, la necesidad de renovar el tribunal supremo.
Ese diálogo recíprocamente agresivo de ambos candidatos ha dejado, por otra parte, la sensación de que los problemas en las relaciones de los poderes políticos con la Justicia, han dañado también el concepto que de las mismas tiene buena parte de la dirigencia política, incluidos ambos aspirantes al poder presidencial. Es decir, que no corresponde al Poder Ejecutivo la excepcional remoción de un magistrado judicial, sino al Legislativo y mediante el complejo juicio político donde la Cámara de Diputados acusa ante el Senado, que debe juzgar. La más reciente experiencia fue hace algo menos de un año, cuando el presidente Eduardo Duhalde promovió ese paso ante el Congreso, rectificándose después y logrando apoyo suficiente en el partido oficialista para hacerlo fracasar, aunque con la protesta del doctor Kirchner y la resistencia de los legisladores que le responden.
Por lo demás, el juicio político colectivo que, como en 1947, se promovió en esta ocasión, mereció una baja calificación que obligó a revisarlo sobre la marcha, desacreditando su gestión parlamentaria. Debería entenderse que no es posible resolver un problema institucional marginando las instituciones y que a los jueces no se los puede juzgar políticamente por el contenido de sus fallos, sino por sus conductas. Tan clara es esa condición, como el hecho de que la mayoría de la Corte Suprema no ha representado lo que la sociedad espera de ella como órgano independiente. Pero no es el presidente de la Nación quien puede comprometer determinadas decisiones sobre los jueces sin reincidir en la perversa figura del máximo tribunal como dócil apéndice del poder político.