La Ley de Lemas

Alguna vez los representantes del pueblo de Tucumán debieran abocarse a un franco estudio de las cuestiones verdaderamente importantes vinculadas al sistema democrático. Si así lo hicieran, con el pensamiento puesto en la buena marcha de ese mecanismo, debieran convenir en que es urgente la derogación de la Ley de Lemas que nos rige o su modificación para evitar aberraciones como las que suceden en esta provincia. La historia de esa norma es conocida. Se defendió su implantación inicial con la idea de que los sublemas fueran motorizados por las líneas internas de cada partido, como expresión de ellas y como manera de incrementar la participación y de terminar con las listas sábana. El proyecto original establecía que para crear un sublema debía contarse con un aval de afiliados certificado por escribano público, y que obtendrían el cargo electivo quienes lograsen un mínimo del 25% de la totalidad de los votos del lema. Las modificaciones que se le fueron haciendo determinaron algo distinto en el texto de la ley que se sancionó en 1988. Esta dispuso que los avales tendrían que ser del 5%, pero no del padrón provincial sino del partidario, y se bajó a un 10% de los votos totales del lema la cantidad de sufragios exigidos. En 1991, otra ley bajó a 300 firmas para la sección electoral I y a 150 para las II y III, la cantidad de avales requeridos para el sublema, y autorizó que un extrapartidario pudiera ser candidato.
Es decir que la flexibilización de los requisitos de las listas dio lugar a que prácticamente quien quisiera pudiese formar la propia. Esto se notó especialmente en las elecciones de 1999, cuando una enorme cantidad de sublemas se presentó a competir, y el análisis posterior de las cifras mostró que la representación popular auténtica -que era teóricamente el propósito- distaba de cumplirse.
Todos los sublemas sumaron 85.503 votos sobre 228.241 emitidos y 338.674 empadronados. Es decir que sólo un 25% del electorado votó al menos por uno de los postulantes que fueron ungidos legisladores. Ello vino a demostrar que la Ley de Lemas, como lo ha sostenido la tesis doctoral de un abogado tucumano, "originariamente propuesta para perfeccionar la participación y erradicar el caciquismo en los partidos políticos, concluyó fomentando el caos, el clientelismo y la concepción de la política como una salvación individual". La posibilidad de que existan ilimitados sublemas viene a fomentar la fragmentación de los partidos y abre la perspectiva de comprar voluntades, ya que el número de las necesarias para el triunfo es relativamente reducido. No son agrupamientos internos de los partidos los que compiten, sino individuos que arman su grupo ocasional para capturar un cargo, y que acumulan votos, pues nada les impide ser candidatos al mismo puesto por varios sublemas. Ello además de la incertidumbre que se crea al ciudadano en el cuarto oscuro, y de la complicación que depara a las tareas de la Justicia Electoral, tanto antes como después del escrutinio. Por otro lado, y yendo a las consecuencias ulteriores, la Ley de Lemas permite sospechar que los electos de acuerdo con ella preferirán atender a su clientela y no a los intereses de toda la comunidad, como es su deber. Es sabido que los clientes, para permanecer fieles, necesitan la concreta retribución de su apoyo. A lo largo de los años se han difundido, periódicamente, iniciativas dirigidas a terminar con la Ley de Lemas, o a practicarle modificaciones que le devuelvan el espíritu que debe tener una norma que rige cuestiones tan delicadas como es el mecanismo electoral. Sin embargo, llega la época de elecciones y continuamos igual. Se han inscripto 2.162 sublemas, un verdadero récord que supera en un 35% a la cantidad ya explosiva de 1999.
No es de ese modo como se fortalecerá la democracia, ni se afianzará la representatividad de los electos.