La ley no acepta la suspensión de la interna abierta

La Junta Electoral Provincial no maneja ninguna hipótesis de suspensión de las internas abiertas para intendentes y comisionados rurales, que debe realizarse el próximo 25. No ingresó ningún pedido formal que objete esos comicios, pero el criterio mayoritario del cuerpo sería el de rechazar ese planteo y acatar la ley electoral 5.454.
El Partido Justicialista adelantó su intención de reclamar la suspensión. La objeción consistiría en que la interna se va a realizar a padrón general, lo que permitiría que "afiliados de otros partidos eligieran a nuestros candidatos", según denunció Antonio Guerrero. Pero esta disposición no puede ser modificada por la Junta, organismo que tampoco puede dejar de lado la ley vigente y suspender el llamado a las urnas.
Ante esta situación, el PJ optó ayer por avanzar en un proyecto de ley que propicie la modificación de la norma electoral. La iniciativa sería presentada hoy en la Legislatura. Esta es la única alternativa jurídica viable. La Cámara tendría que modificar la Ley de Lemas; anular (definitivamente o por esta única vez) la interna abierta y autorizar los "neolemas". Esto significaría que todos los candidatos a intendentes y a comisionados rurales de un mismo partido se presenten directamente en la elección del 29 de junio.

Análisis en bloque
La operación debería concretarse antes de las 20 del sábado, cuando vencerá el plazo para inscribir a los postulantes. Caso contrario, los anotados podrán alegar derechos adquiridos.
El legislador Gerónimo Vargas Aignasse (PJ) consideró inviable la iniciativa del partido por lo avanzado de los plazos, pero señaló que el tema será tratado en el bloque oficialista.
Desde el Poder Ejecutivo también se había analizado inicialmente modificar la convocatoria a elecciones. Pero luego se detectó que esa alteración no alcanzaría a las internas abiertas, que fueron llamadas por la Junta Electoral, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 45.
Incluso, en el Gobierno se pensó en prorrogar por una semana todas las fechas del cronograma, alcanzando la del 29 de junio, lo que habría sido descartado ante la posibilidad de una avalancha de impugnaciones y amparos por violación de las disposiciones constitucionales.