Los jueces se elegirán mediante un concurso

El Poder Ejecutivo está trabajando en un decreto para que los jueces sean elegidos mediante un concurso público de oposición y de antecedentes, como sucede en la Justicia Federal.
"En el mensaje a la Legislatura del 1 de abril, el gobernador Julio Miranda anticipó la decisión de reforzar lo que hasta aquí hizo el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). La mejor manera de eliminar cualquier tipo de suspicacia es mediante un concurso público", afirmó a LA GACETA el secretario de Gobierno, Luis Acosta.
Según el funcionario, un mecanismo en el que se combinen un examen y el estudio de los antecedentes de los postulantes respondería plenamente al principio de la publicidad de los actos de gobierno. "Si un docente universitario tiene que rendir un concurso para acceder a una cátedra, por qué no exigirle lo mismo a un futuro juez", preguntó.
En 1993, por el decreto 8.214 (es el que se modificaría), el gobernador Ramón Ortega estableció el CAM. El objetivo fue que, en caso de que se produzcan vacantes en el Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia, el Colegio de Abogados y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) propongan ternas al PE, previo estudio de los antecedentes de los inscriptos para cubrir el puesto.
Si bien las ternas no son vinculantes y los nombres se elevan por orden alfabético -no de méritos, como ocurre en la Nación, donde previamente hay un concurso-, el Ejecutivo siempre escogió una de las personas propuestas, para solicitar luego la ratificación del Poder Legislativo.
"Desde que se estableció el CAM, mejoró la calidad de los jueces. Pero hay que hacer más transparente aún el sistema. Para una mejor evaluación serían clave los antecedentes, una entrevista y un concurso de oposición", dijo el titular del Colegio de Abogados, Carlos Parajón Canteli.
Desde el año pasado, los abogados vienen bregando por un concurso -les enviaron dos notas a los otros dos estamentos integrantes del CAM-, e internamente, cada vez que se hace una convocatoria, antes de emitir una opinión, les realizan entrevistas a los postulantes. Ayer, por ejemplo, entre las 14.30 y las 19.30 desfilaron por el Colegio los 56 candidatos para cubrir el juzgado de Familia y Sucesiones de la VI Nominación.
Actualmente hay 179 inscriptos para cubrir las vacantes existentes en los siguientes juzgados: VI de Familia y Sucesiones (56), I de Conciliación y Trámite (34), III de Documentos y Locaciones (48). A ellos hay que sumarles los 41 candidatos para la V Defensoría Oficial Penal. Además, hasta el viernes pueden anotarse los interesados en cubrir el Juzgado Correccional de la II Nominación. Próximamente también se llamará a inscripciones para la cobertura de la Fiscalía VI, que dejó Esteban Jerez.

Dos nuevos acuerdos
El fiscal Horacio Villalba y la abogada María Guadalupe Aiquel lograron ayer los avales de la comisión de Acuerdos de la Legislatura para ser camarista penal de la capital (sala IV) y jueza laboral de Conciliación y Trámite en Concepción, respectivamente.
Los dictámenes -aún no se sabe cuándo serán tratados en el recinto por la Legislatura- fueron una respuesta indirecta a la queja de la Corte Suprema por la demora en aprobar las postulaciones.
El titular de la comisión, Juan Carlos Mamaní, les mandó notas a la Corte y al Colegio de Abogados del Sur, Eduardo Fernández, que había denunciado discriminación en la cobertura de vacantes en Concepción.
Mamaní destacó el acuerdo brindado a Aiquel y explicó que el 16 de octubre de 2002 la comisión rechazó el pliego de Lilian Edith Bravo, propuesta por el PE como vocal de la Cámara Civil y Comercial de Concepción. En la Legislatura aún esperan que el PE envíe un nuevo nombre.