Abusiva adhesión sindical

Los sindicatos deberían reunirse para determinar el candidato que acompañarán y no que sea una decisión de cúpulas.

07 Mayo 2003
Hace seis meses que no se reúne formalmente el consejo directivo de la CGT oficial, pero ello no ha impedido que su titular, Rodolfo Daer, haya declarado que los gremios integrantes de esa central resolvieron adherirse a la candidatura de Néstor Kirchner. Hay hechos muy notorios que no pueden dejar de reseñarse en ciertos casos, como la circunstancia de que los sindicatos de marras disponen de personería gremial excluyente por rama de actividad, es decir, con habilitación exclusiva para representar los intereses específicos de los trabajadores, entre los que no figura, por cierto, el de optar políticamente. Por lo demás, la decisión anunciada se produjo sin que organización alguna incluida en ella convocara, al menos, a sus afiliados, para resolver la posición electoral.
Tan acostumbrados están los argentinos a esta clase de irregularidades, que esa declaración ha pasado prácticamente inadvertida. Tampoco el noventa y nueve por ciento de los candidatos presidenciales que han competido en los comicios ha expresado punto de vista alguno acerca del régimen de unicato violatorio del artículo 14 bis de la Constitución Nacional sobre libertad gremial. Mucho menos los finalistas del ballottage, integrantes del partido que sostiene históricamente esa clausura de otra libertad, reprobada por el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, así como por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica, incorporados ambos a nuestra Ley Suprema.
La hipocresía es uno de los matices que incorpora a sus gestiones muy buena parte de nuestras dirigencias, especialmente la política y la gremial. En el primer caso, eludiendo definiciones sobre situaciones manifiestamente irregulares y, en el segundo, pretendiendo hacer uso del derecho de libertad sindical proclamado por ese convenio de la OIT, mientras -como en el caso que da lugar a este editorial- se lo niega a los trabajadores.
La consecuencia del régimen vigente, a pesar de los avances democráticos de los últimos veinte años, es lamentable: solamente la mitad de los trabajadores concurre a las elecciones sindicales, pero como tan sólo tres de cada diez trabajan "en blanco" y, de estos, apenas uno es afiliado, se concluye en que menos del tres por ciento de la fuerza laboral del país participa de la vida gremial. Otra cara de la cuestión es el hecho de la gerontocracia beneficiada por el régimen legal de unicato, mediante la reelección ilimitada de "los gordos", sinónimo popular con que se la identifica.
Dado el silencio connivente y la satisfacción que, con él, testimonian los candidatos del ballottage, puede suponerse que durante el próximo mandato presidencial se cumplirá otro período de impune continuidad del unicato; por lo menos, en lo formal, ya que cada vez es más evidente la rebeldía con que los sectores laborales responden a esa clausura de la libertad sindical. La crisis que aún perdura puso de manifiesto por ello, la ausencia pública de esa dirigencia autocrática, notoriamente atemorizada frente a la realidad, que aparece ahora reiterando su adhesión al viejo partido donde se incubó y que, no por nada, enfrenta igualmente su propia crisis. Ello debería servir de advertencia -en beneficio de la gran fuerza laboral despojada de su libertad de asociación- para alertar sobre la necesidad de avanzar, si es preciso con gradualismo, hacia la democratización de la vida sindical, sin la cual nuestro proceso democrático transcurrirá amputado de otro valor fundamental.
El poder político no podrá desentenderse esta vez de esa convocatoria de la realidad, por lo que debería adelantarse a los acontecimientos en tan sensible flanco de nuestra vida pública.

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