Cárceles en colapso

Una amplia información en nuestra edición de ayer revela la magnitud del problema carcelario. Las unidades del penal de Villa Urquiza están sobrecargadas y han obligado a habilitar locales destinados a oficinas para alojar a más internos. Ello además de la vetustez de sus instalaciones, en las cuales la prolongada falta de mantenimiento ha generado ya situaciones claramente peligrosas. Asimismo, el deterioro de la cárcel de Concepción crea problemas para aumentar su actual dotación de detenidos. Tampoco hay lugar disponible en las comisarías o en otras dependencias, aparte de la falta de aptitud de ellas para estos propósitos.
Frente a tal realidad, el Ministerio de Gobierno afirmó que la falta de fondos hace por el momento imposible pensar en inversiones para refaccionar las cárceles, y mucho menos para construir un edificio nuevo. Tampoco parece posible que, en el corto plazo, la Nación vaya a satisfacer la deuda de 5 millones de pesos que mantiene con la Provincia en concepto de alojamiento de los presos federales. Así es que la salida de emergencia que proyecta el Ejecutivo es derivar a los menores a un complejo existente en Capitán Cáceres, medida que no habría más remedio que ejecutar, a pesar de la comprensible oposición que expresan los pobladores de ese punto.
Construida en 1925 durante la primera de las progresistas administraciones del doctor Miguel Campero, la cárcel de Villa Urquiza fue, en su momento, uno de los penales mejor instalados del país. Pero de esa construcción ya han transcurrido casi ocho décadas, dilatado término durante el cual fue evidentemente poco lo que se hizo para mantenerla en un estado razonable. Los motines contribuyeron asimismo a aumentar los daños del edificio. Como lo consigna nuestra nota, hace ya un año que la Dirección de Arquitectura elevó un informe indicando la necesidad de urgentes reparaciones que no se han practicado. Se ha arribado así a un punto verdaderamente crítico en este orden de cosas; aunque todavía estemos mejor que en Salta, donde la falta de lugar ha obligado a habilitar contenedores para alojar a los presos.
La situación descripta no se compadece con estipulaciones explícitas de nuestra ley suprema. Bien sabemos que, en su artículo 18, la Constitución nacional dispone que "las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas". No es necesario apuntar que aquellos requisitos de sanidad y de limpieza son imposibles de observar en un panorama de superpoblación y de locales inadecuados como el que en estos momentos estamos afrontando. Hay además, como es notorio para todos, un auge del delito que multiplica la población carcelaria.
Esta cuestión no es nueva. Con mayor o menor gravedad, hace muchos años que está vigente el problema que nos ocupa. Así se lo puede comprobar en una rápida recorrida por la colección de nuestro diario, en las últimas cuatro décadas por lo menos. Ha aumentado la población, han aumentado los delitos y, consecuentemente, los penados, y ese incremento no ha corrido parejo, ni mucho menos, con la habilitación de las instalaciones "sanas y limpias" necesarias para alojarlos. Llama la atención que también en este asunto los sucesivos Gobiernos hayan ido dejando pasar el tiempo, sin encarar una cuestión cuyo carácter urgente se les exponía periódicamente. Fruto de esa imprevisión es, ahora, la situación de inminente colapso que hemos tocado.
Como es lógico pensarlo, el Estado provincial la deberá afrontar, a pesar de los esfuerzos económicos que ello le exija, al menos de manera provisional y como paso previo a lo que corresponde. O sea, la obligada construcción de un nuevo edificio carcelario en Tucumán.