Una reforma ineludible

Nuevamente, desde la restauración democrática, hace dos décadas, la ciudadanía ha debido concurrir a las urnas y volverá a hacerlo el 18 de este mes, bajo el vetusto régimen electoral que ha terminado por contaminar de desconfianza su relación con la clase política, expresión peyorativa con la que define a sus representantes. Por añadidura, los comicios presidenciales están transcurriendo con la división del partido más numeroso, representado por tres fórmulas diferentes y opositoras entre sí, como consecuencia de una manifiesta contradicción con el régimen legal de elecciones internas o primarias, que el propio oficialismo sostuvo pero que, por último, abandonó.
Tampoco la vida de los partidos ha escapado en los últimos veinte años del sistema de aparatos clientelísticos que los ha desacreditado, y nadie se animaría a sostener con sinceridad que sus padrones sean confiables. Es difícil determinar cuántos proyectos reformadores del régimen político y partidario tuvieron entrada en el Congreso durante ese prolongado lapso, pero pueden calcularse en más de un centenar, con orígenes oficial o privado, de los cuales tan sólo se sancionaron algunos sin trascendencia para cambiar el régimen rechazado por la sociedad. El último de ellos surgió de un acuerdo del presidente Eduardo Duhalde con los gobernadores, el 7 de febrero de 2002, pero del que sólo una mínima parte -sobre duración de las campañas electorales y el gasto en proselitismo- mereció la atención legislativa.
De poco sirvió que en los más graves días de la crisis, la ciudadanía se desbordara en las calles, amenazando con el peligroso ejercicio de la democracia directa para asumir la defensa de sus derechos, pues sus representantes formales continuaron encerrados en sus cuarteles partidocráticos, protegidos por el rígido estatuto de la lista sábana. Un vetusto régimen de selección electoral que, junto a la congelación de los padrones de afiliados que falsean el caudal militante, configura el modelo responsable de las dirigencias políticas de la crisis. En este punto, la Justicia Electoral debe asumir buena cuota de responsabilidad, pues no ha ejercido con prolijidad su rol de vigilancia sobre algo tan público y notorio.
Es por ello que los mayores partidos se arrogan casi 7 millones de afiliados, cifra poco creíble en contraste con los ficheros de las grandes agrupaciones norteamericanas o europeas. Tampoco valieron para cambiar esa lamentable indiferencia partidocrática, iniciativas más recientes como la del Foro Social para la Transparencia, suscripta por 160 organizaciones no gubernamentales y secundada por otras 250, y la de la Mesa del Diálogo Argentino, con no menor volumen representativo.
Ambas propuestas, como otras más, han señalado la insuficiencia de una revisión del sistema electivo, si no se encara a la vez la del régimen partidario, que la última reforma constitucional dejó librada a las propias organizaciones para no afectar el principio de independencia. Los partidos padecen un estado de bloqueo que monopolizan sus dirigencias y donde los caudillajes clientelísticos impiden una renovación dinámica de los cuadros y la transparencia de los mecanismos de financiamiento.
En este punto no debe dejar de reconocerse la responsabilidad que la propia ciudadanía ha tenido en ese capítulo de la decadencia de nuestra vida pública, al resignar su participación activa, por ejemplo, a la aplicada para exigir la reparación de los derechos personales agredidos. La forma de reparar esa ausencia es exigir, a quienes compiten ahora por asumir el gobierno, un compromiso concreto de reformar la política, con la profundidad necesaria para hacer nuevamente de la República ese ejemplo que la dignifique por el alto grado de representatividad responsable de sus ciudadanos.En este punto no debe dejar de reconocerse la responsabilidad que la propia ciudadanía ha tenido en ese capítulo de la decadencia de nuestra vida pública, al resignar su participación activa, por ejemplo, a la aplicada para exigir la reparación de los derechos personales agredidos. La forma de reparar esa ausencia es exigir, a quienes compiten ahora por asumir el gobierno, un compromiso concreto de reformar la política, con la profundidad necesaria para hacer nuevamente de la República ese ejemplo que la dignifique por el alto grado de representatividad responsable de sus ciudadanos.En este punto no debe dejar de reconocerse la responsabilidad que la propia ciudadanía ha tenido en ese capítulo de la decadencia de nuestra vida pública, al resignar su participación activa, por ejemplo, a la aplicada para exigir la reparación de los derechos personales agredidos. La forma de reparar esa ausencia es exigir, a quienes compiten ahora por asumir el gobierno, un compromiso concreto de reformar la política, con la profundidad necesaria para hacer nuevamente de la República ese ejemplo que la dignifique por el alto grado de representatividad responsable de sus ciudadanos.