22 Julio 2010
"El ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, debe tener un mínimo de cultura jurídica para derogar inmediatamente esta resolución mediante la cual se encubre -cobarde y solapadamente- la legalización del aborto en establecimientos públicos, habida cuenta que tratándose de un delito de acción pública, inexcusablemente, se requiere la intervención del Ministerio Público y del juez de garantías, quienes previo dictamen del cuerpo forense, resolverán si el caso particular se ajusta o no a los recaudos legales. En cambio, con la presente resolución (guía técnica) se omitirán deliberadamente todos los controles legales hasta convertirse en una práctica usual que desprecie absolutamente la vida y dignidad de las personas", manifestó en un comunicado Juan Roberto Robles, profesor adjunto de Derecho Penal de la UNT.
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