"Lo siento, no quiero hablar. Estoy de duelo", dice la mujer, una religiosa jovencísima que casi parece estar estrenando hábito. Es la víspera del Jueves Santo, y LA GACETA acaba de pedirle una reflexión sobre ese día especial para los cristianos. Se le pregunta quién se le ha muerto. Y ella responde: "un hijo, se me ha muerto un hijo". La impudicia periodística hurga en ese dolor tan privado de la mujer, y descubre que la joven monja trabaja en una de las instituciones para menores de esta provincia, y que su "hijo" era uno de esos chicos institucionalizados. Un "hijo de nadie" que encontró una madre en una institución del Estado. Con esa imagen en la memoria, viene al pensamiento el papel de las instituciones públicas y sociales, tan vapuleadas y cuestionadas, pero que en esta Argentina de las asimetrías profundas, muy ocasionalmente vienen a darles una mano a los más vulnerables.
Es el caso de Marcela Aguilar, una mujer que está siendo juzgada por la Justicia tucumana, imputada por el asesinato de su bebé, que tenía apenas un mes cuando lo mataron en el año 2000. Aguilar, de quien la Justicia dirá si fue culpable o no del crimen que se le imputa, es sordomuda de nacimiento. Y en 24 años -ahora tiene 26, pero lleva dos en prisión- nadie le había enseñado el lenguaje de señas. En otras palabras, la mujer apenas podía comunicarse con el mundo exterior. Recién ahora, cuando está en prisión, privada de su libertad física, Marcela está aprendiendo el lenguaje de los sordomudos. Toda una paradoja: la institución carcelaria es la que le ha dado a Marcela una posibilidad de socialización que ni su familia ni el resto de la sociedad le habían dado.
En el juicio oral que se le está sustanciando, la historia personal y familiar de Aguilar es una fotografía de lo que hoy se conoce como "sociopatía" (enfermedad social): una mujer con ciertas discapacidades que nunca recibió educación especial, que tuvo tres hijos (dos de un mismo padre y una tercera de un "desconocido") y que nunca pudo comunicarse con su numeroso grupo familiar. El caso de Marcela Aguilar no es aislado. Habla de una comunidad -la argentina, la tucumana- que todavía no se ha "democratizado" en uno de sus aspectos más viscerales: ignora a los "discapacitados", a las "personas con capacidades diferentes", cuando no les grita "rengos" en una sesión deliberativa, como ocurrió hace menos de un mes en el Concejo Deliberante tucumano.
Si el caso de Aguilar es dramático (su propio abogado defensor ha planteado que no puede conocer la "verdad real" de boca de su defendida, y apela a una intérprete), hay otros casos de exclusión de discapacitados que no le van en zaga, aunque sean menos públicos.
La indiferencia de las instituciones públicas tucumanas hacia los discapacitados se nota, por ejemplo, en la escuela Luis Braille. Allí, apiñados en una casa vieja que no tiene ni siquiera un patio que deje pasar el sol, con menos maestras de las necesarias, estudian sesenta chicos ciegos o disminuidos visuales que hacen turno para usar un único baño habilitado.
En cierto sentido, estos chicos son la contracara de Marcela Aguilar. A ellos no les fallaron ni sus maestros ni sus grupos familiares, que, como dijo una madre, no quieren que sus hijos vivan de la dádiva , sino del capital generado por el conocimiento. En cambio, siguen esperando la señal de aquellas "instituciones" que son capaces de salvar a Marcela de su mundo de silencio, y de darle una "?madre" a un hijo de nadie. Pero que demoran en reparar un edificio y reforzar un plantel docente. Como si les resultara más fácil mitigar lo que ya es parte de una historia irreparable (la socialización de una mujer acusada de asesinato) que visualizar en esos sesenta chicos un semillero al que vale la pena apostar.
