11 Julio 2010 Seguir en 
Tucumán tuvo una primera Ley de Educación en 1883, anticipándose a la Ley 1420 de Educación Común; pero una legislación no necesariamente modifica una realidad. De hecho, pese a la construcción de escuelas y bibliotecas populares, así como a la publicación del periódico de enseñanza "La Escuela" y a la regularización de la percepción y administración de las rentas, a fines del siglo XIX la educación adolecía de falencias que fueron analizadas por los educadores Adolfo Antoni y Juan P. Ramos.
Las escuelas que dependían de cuatro jurisdicciones diferentes fueron centralizadas en el Consejo de Educación de 1895; y si bien entre 1883 y 1895 habían crecido de 91 escuelas a 163, la organización escolar era deficiente.
Los últimos años del siglo y los del primer centenario mostrarían un cambio cuantitativo y cualitativo en el quehacer de la educación durante las administraciones de Lucas Córdoba, Luis F. Nougués, José Frías Silva y Ernesto Padilla. A pesar de la necesidad de actualizar la legislación vigente, Lucas Córdoba, con la colaboración del ministro Alberto León de Soldati, encaró una serie de reformas, creando 59 escuelas que aumentaron significativamente la matrícula; fundó la Inspección Escolar, donde nombró al educador Maximio Victoria, que introdujo el sistema de concursos para ocupar cargos docentes. Otras iniciativas fueron la instalación del primer jardín de infantes de la provincia, de un Gimnasio Escolar y la formación de docentes para las escuelas rurales en la Escuela de Ayudantes. También le preocupó la salud de docentes y alumnos, a cargo de una inspección médica creada al efecto.
En las administraciones de comienzos del siglo XX se implementó el instrumento legal que se reclamaba con la Ley de Educación Común Nº 1002, sancionada en 1908, cuyas disposiciones abarcaban todos los aspectos organizativos del sistema educativo, así como medidas de protección a la niñez como la creación de la Asociación Popular de Protección a la Infancia en 1908.
Sin embargo, en 1910 el gobernador Frías Silva, en su mensaje a la Legislatura, lamentaba que la matrícula fuera de un poco más del 50% de los niños en edad escolar. Esa situación se fue revirtiendo en los años siguientes, probablemente por la instalación de las Escuelas Láinez. La provincia contaba en el año del Centenario con 237 escuelas provinciales; 40 nacionales; 26 particulares y cuatro anexas a las normales, que, sin dudas, todavía no cubrían las demandas de la población.
Sin embargo, las inversiones presupuestarias en este rubro fueron incrementándose desde 1901 a 1915, situación que no parecía reflejarse en los salarios docentes, ya que al decir del Inspector Ramos, los maestros tucumanos estaban muy mal pagos, a pesar de considerárselos "los obreros del pensamiento" y "padres intelectuales del niño".
Las escuelas que dependían de cuatro jurisdicciones diferentes fueron centralizadas en el Consejo de Educación de 1895; y si bien entre 1883 y 1895 habían crecido de 91 escuelas a 163, la organización escolar era deficiente.
Los últimos años del siglo y los del primer centenario mostrarían un cambio cuantitativo y cualitativo en el quehacer de la educación durante las administraciones de Lucas Córdoba, Luis F. Nougués, José Frías Silva y Ernesto Padilla. A pesar de la necesidad de actualizar la legislación vigente, Lucas Córdoba, con la colaboración del ministro Alberto León de Soldati, encaró una serie de reformas, creando 59 escuelas que aumentaron significativamente la matrícula; fundó la Inspección Escolar, donde nombró al educador Maximio Victoria, que introdujo el sistema de concursos para ocupar cargos docentes. Otras iniciativas fueron la instalación del primer jardín de infantes de la provincia, de un Gimnasio Escolar y la formación de docentes para las escuelas rurales en la Escuela de Ayudantes. También le preocupó la salud de docentes y alumnos, a cargo de una inspección médica creada al efecto.
En las administraciones de comienzos del siglo XX se implementó el instrumento legal que se reclamaba con la Ley de Educación Común Nº 1002, sancionada en 1908, cuyas disposiciones abarcaban todos los aspectos organizativos del sistema educativo, así como medidas de protección a la niñez como la creación de la Asociación Popular de Protección a la Infancia en 1908.
Sin embargo, en 1910 el gobernador Frías Silva, en su mensaje a la Legislatura, lamentaba que la matrícula fuera de un poco más del 50% de los niños en edad escolar. Esa situación se fue revirtiendo en los años siguientes, probablemente por la instalación de las Escuelas Láinez. La provincia contaba en el año del Centenario con 237 escuelas provinciales; 40 nacionales; 26 particulares y cuatro anexas a las normales, que, sin dudas, todavía no cubrían las demandas de la población.
Sin embargo, las inversiones presupuestarias en este rubro fueron incrementándose desde 1901 a 1915, situación que no parecía reflejarse en los salarios docentes, ya que al decir del Inspector Ramos, los maestros tucumanos estaban muy mal pagos, a pesar de considerárselos "los obreros del pensamiento" y "padres intelectuales del niño".
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