Sería irregular el trámite de un ATN para Las Talitas

El polémico Aporte del Tesoro Nacional por el que se desató un conflicto institucional sin precedentes en Las Talitas, con acusaciones cruzadas de coimas entre la intendencia y el Concejo Deliberante, tuvo un oscuro manejo desde el principio.
Aparentemente, en la sesión en que se aprobó la ampliación presupuestaria para que los $ 320.000 ingresaran a las arcas municipales se registraron serias irregularidades. Por ejemplo, el dictamen que se aprobó no fue consensuado en la sala de deliberaciones, sino en el despacho de la presidencia del cuerpo, después de cuatro horas de discusiones a puertas cerradas.
La denuncia es de la concejala de FR, Julieta Jorrat, quien puntualizó que las desprolijidades en la sesión de principios de marzo encolerizaron a los vecinos que presenciaban la sesión. "El Programa de Desarrollo Regional (Prodere), en cuyo marco llegó el ATN, contempla la creación de huertas comunitarias y había mucha gente esperando la ordenanza para que en breve se los pudiera proveer de herramientas y de semillas", explicó.
Los vecinos estaban en el edificio desde las 9, hora para la que había sido convocada la sesión. El Concejo se constituyó en comisión para recibir a un grupo de funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal, encabezado por los secretarios de Hacienda y de Obras Públicas, Luis Córdoba y Luis Morgenstein.

Sin cambios tras la espera
"Respondieron las preguntas que se les formuló y lo curioso es que, cuando se retiraron, mis pares, en lugar de reanudar la sesión, se fueron a la oficina del presidente del Concejo (Rubén López), donde permanecieron reunidos a puertas cerradas hasta que retornaron al recinto a las 16", dijo Jorrat a LA GACETA.
La edil relata que los concejales Manuel Quinteros (Alianza) y María del Valle Cabrera (unibloque) fueron los primeros en retirarse de la reunión con los peronistas López, Miguel Angel Sánchez, Sergio Véliz, Juan Carlos Abregú, Martín Ramírez, Félix Herrera y José Palacios.
"Querían dar por caída la reunión y me presenté en la oficina. Me atendieron en la puerta diciéndome que era una reunión de bloque y ahí les pedí que al menos volvieran para levantar la sesión. La gente, para entonces, gritaba para que volvieran", recuerda.
"Cuando decidieron volver a la reunión, Abregú, Véliz, Palacios y Ramírez se acercaron a pedirme algo insólito: que no firmara el dictamen que habían consensuado en la presidencia del Concejo y no en el recinto -puntualizó-. La excusa era que los justicialistas no iban a aprobar la ordenanza si yo, que soy republicana, la firmaba".
Jorrat señaló que cuando se reanudó la sesión pidió en el debate que le pasaran el despacho y ahí lo refrendó. "Me llamó la atención que, después de cuatro horas de discusión privada, trajeran el mismo despacho del comienzo, ampliando el presupuesto y estableciendo un seguimiento de la inversión", reveló.
El pasado viernes, el intendente Jorge Selis (PJ) denunció en LA GACETA que los ediles peronistas le habían pedido $ 2.000 para aceptar el ATN. Al día siguiente, los concejales lo culparon de ofrecer el soborno.

La Cámara no dará una solución veloz

El pedido de intervención de la Municipalidad de Las Talitas por parte de los concejales no tendrá una resolución inmediata.
El legislador Gustavo Rojas Alcorta, miembro de la comisión de Asuntos Constitucionales, que es la que debe dictaminar sobre el planteo, puntualizó que aún no se ha convocado a los integrantes de ese órgano. "Cuando nos reunamos, lo que probablemente se haga sea solicitar un informe al Poder Ejecutivo sobre los antecedentes en el manejo de la administración de ese municipio, para recién resolver sobre el pedido de los ediles", puntualizó.
"La Constitución, en su artículo 63, confiere a la Cámara la facultad de examinar los actos de las municipalidades al sólo objeto de declarar si han obrado dentro de la esfera de sus atribuciones o no -precisó-. Esto es muy general. Y como el Gobierno, a partir del Pacto Social, monitorea todo el tiempo a los municipios, desde ahí tiene mucho que decir".
La presentación de los concejales del PJ acusa al intendente Jorge Selis de cargos que van desde la supuesta persecución de empleados municipales, hasta presuntas contrataciones irregulares, pasando por aparentes extorsiones a beneficiarios de planes sociales.
Como la Cámara está en período ordinario de sesiones, una intervención al municipio sólo puede dictarse mediante una ley, con lo cual tanto la Legislatura como el PE pueden proponerla.