Por Redacción Política
16 Abril 2003
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El legislador peronista Gerónimo Vargas Aignasse sería sometido a una investigación jurisdiccional en la Justicia Penal, por el presunto delito cometido al haber contratado como empleada de su bloque a Isabel González, quien efectuó tareas de limpieza en un local. La figura penal consistiría en "peculado de servicios", al usar fondos públicos para solventar un gasto privado.
La causa fue abierta por el ex fiscal anticorrupción Esteban Jerez, a partir de la denuncia de González (luego desmintió parte de la afirmación). El expediente siguió su trámite, hasta que el ex juez y hoy camarista Eudoro Albo consideró que no podía investigarse. La medida fue apelada por Jerez, y llegó a la Sala IV de la Cámara Penal. En fallo dividido, el tribunal dispuso que se abra la investigación.
El pronunciamiento contra la decisión de Albo fue votado por los camaristas Pedro Roldán Vázquez y Emilio Páez de la Torre, quienes consideraron que "la resolución del juez causa un gravamen irreparable pues suspende el progreso de una investigación penal". En cambio, la camarista María del Pilar Prieto aseveró que la decisión de Albo es irrecurrible, y se inclinó por declarar inadmisible el recurso de Jerez. "No hay imputación, sino una denuncia. El juez es el único que puede o no abrir la investigación del antejuicio", sostuvo.
La historia
González relató que en abril de 99 murió su décimo hijo, Jonathan Emanuel, en un accidente de tránsito en Banda del Río Salí. Mientras esperaba el pago de la indemnización, Vargas Aignasse (su abogado en los trámites) ofreció darle $ 200 por mes y pagarle el alquiler de su humilde casa. Ya como legislador (julio de 2000), la contrató como personal del bloque del PJ, en la categoría 20, por $ 186 mensuales.
Su función, afirmó ante Jerez, era limpiar dos veces por semana el despacho parlamentario, y otras dos el comedor que el justicialista tiene en Villa 9 de Julio.
La causa fue abierta por el ex fiscal anticorrupción Esteban Jerez, a partir de la denuncia de González (luego desmintió parte de la afirmación). El expediente siguió su trámite, hasta que el ex juez y hoy camarista Eudoro Albo consideró que no podía investigarse. La medida fue apelada por Jerez, y llegó a la Sala IV de la Cámara Penal. En fallo dividido, el tribunal dispuso que se abra la investigación.
El pronunciamiento contra la decisión de Albo fue votado por los camaristas Pedro Roldán Vázquez y Emilio Páez de la Torre, quienes consideraron que "la resolución del juez causa un gravamen irreparable pues suspende el progreso de una investigación penal". En cambio, la camarista María del Pilar Prieto aseveró que la decisión de Albo es irrecurrible, y se inclinó por declarar inadmisible el recurso de Jerez. "No hay imputación, sino una denuncia. El juez es el único que puede o no abrir la investigación del antejuicio", sostuvo.
La historia
González relató que en abril de 99 murió su décimo hijo, Jonathan Emanuel, en un accidente de tránsito en Banda del Río Salí. Mientras esperaba el pago de la indemnización, Vargas Aignasse (su abogado en los trámites) ofreció darle $ 200 por mes y pagarle el alquiler de su humilde casa. Ya como legislador (julio de 2000), la contrató como personal del bloque del PJ, en la categoría 20, por $ 186 mensuales.
Su función, afirmó ante Jerez, era limpiar dos veces por semana el despacho parlamentario, y otras dos el comedor que el justicialista tiene en Villa 9 de Julio.
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