Dos legisladores del PJ, entre ellos el propio presidente de la bancada oficialista, podrían terminar siendo procesados en la causa que investiga el destino de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). En manos del juez penal Juan Carlos Tártalo quedaría la decisión de si se avanza con una pesquisa, en la que debe determinarse qué ocurrió con casi 5 millones de dólares.
La Sala II de la Cámara Penal revocó la decisión de la jueza Emma de Nucci, de diciembre pasado, de archivar las investigaciones jurisdiccionales abiertas sobre los legisladores peronistas José Gutiérrez (titular del bloque del PJ) y David Padilla. A la vez, devolvió los expedientes para que otro juez (correspondería a Tártalo) emita un nuevo pronunciamiento.
Los antecedentes
De Nucci había rechazado las acusaciones del entonces fiscal anticorrupción Esteban Jerez contra Gutiérrez (ex comisionado rural de Garmendia) y contra Padilla (ex intendente de Burruyacu). Entre 1995 y 1999, la Nación giró 2,5 millones de dólares a la comuna y 2,4 millones de dólares al municipio.
Jerez sostuvo que los legisladores no pudieron comprobar los gastos, por lo que los acusó de los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, violación a los deberes de funcionarios y enriquecimiento ilícito. La causa se abrió a partir de una denuncia que fue interpuesta por el diputado radical Carlos Courel, a instancias de una investigación de LA GACETA. En total, entre 1990 y 1999, la Nación giró 102,6 millones de dólares en ATN.
Deficiencias
La jueza investigó a los legisladores durante un mes (el fuero parlamentario dispone que la pesquisa no puede superar los 60 días), pero descartó que hubieran cometido algún delito. Este pronunciamiento le valió que el ex fiscal reiterara sus críticas y la acusara de integrar una "quinta columna" en su contra.
Los camaristas Emilio Andrés Herrera Molina, César Vera y Alberto Piedrabuena coincidieron en que estaban mal fundadas las decisiones de De Nucci (habría deficiencias en su argumentación, contradicciones y falta de fundamentación), y reactivaron la causa.
Si ahora el nuevo juez modifica el criterio, y decide acusar a los legisladores, deberá pedir los correspondientes desafueros a la Legislatura. Recibida la solicitud, este Poder deberá pronunciarse en un lapso de 15 días corridos. El silencio se considera la aceptación del desafuero.
Para esta instancia, Gutiérrez deberá designar otro defensor, porque su abogado Pedro Brito renunció a seguir en la causa.
La Sala II de la Cámara Penal revocó la decisión de la jueza Emma de Nucci, de diciembre pasado, de archivar las investigaciones jurisdiccionales abiertas sobre los legisladores peronistas José Gutiérrez (titular del bloque del PJ) y David Padilla. A la vez, devolvió los expedientes para que otro juez (correspondería a Tártalo) emita un nuevo pronunciamiento.
Los antecedentes
De Nucci había rechazado las acusaciones del entonces fiscal anticorrupción Esteban Jerez contra Gutiérrez (ex comisionado rural de Garmendia) y contra Padilla (ex intendente de Burruyacu). Entre 1995 y 1999, la Nación giró 2,5 millones de dólares a la comuna y 2,4 millones de dólares al municipio.
Jerez sostuvo que los legisladores no pudieron comprobar los gastos, por lo que los acusó de los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, violación a los deberes de funcionarios y enriquecimiento ilícito. La causa se abrió a partir de una denuncia que fue interpuesta por el diputado radical Carlos Courel, a instancias de una investigación de LA GACETA. En total, entre 1990 y 1999, la Nación giró 102,6 millones de dólares en ATN.
Deficiencias
La jueza investigó a los legisladores durante un mes (el fuero parlamentario dispone que la pesquisa no puede superar los 60 días), pero descartó que hubieran cometido algún delito. Este pronunciamiento le valió que el ex fiscal reiterara sus críticas y la acusara de integrar una "quinta columna" en su contra.
Los camaristas Emilio Andrés Herrera Molina, César Vera y Alberto Piedrabuena coincidieron en que estaban mal fundadas las decisiones de De Nucci (habría deficiencias en su argumentación, contradicciones y falta de fundamentación), y reactivaron la causa.
Si ahora el nuevo juez modifica el criterio, y decide acusar a los legisladores, deberá pedir los correspondientes desafueros a la Legislatura. Recibida la solicitud, este Poder deberá pronunciarse en un lapso de 15 días corridos. El silencio se considera la aceptación del desafuero.
Para esta instancia, Gutiérrez deberá designar otro defensor, porque su abogado Pedro Brito renunció a seguir en la causa.







