Movimiento del dinero público

Hace pocos días informamos sobre el descubrimiento de una maniobra delictuosa que habría tenido lugar en la Municipalidad de Banda del Río Salí, acerca de la emisión de los registros de conductor. Empleados corruptos de la Dirección de Tránsito de esa comuna habrían ingresado a su bolsillo el importe correspondiente -se calcula- a siete de cada diez carnets de manejo que expedían, y cuyo otorgamiento, por cierto, no asentaban en ninguna parte. Como la maniobra se vendría realizando sin tropiezos desde tres años atrás, es de imaginar las cifras que el ilícito redituaba a sus autores -afectando, en la misma cuantía, los ingresos municipales-, así como la cantidad de automovilistas que están circulando actualmente con registros ilegales.
Es de esperar que la Justicia desenredará esta siniestra madeja y responsabilizará como corresponde a quienes resulten ser sus autores. Y que tendrá muy en cuenta que un delito de ese tipo no puede haberse desarrollado en la impunidad durante tres años, sin la existencia de una aceitada red de complicidades en diversos niveles, que lo hicieron posible por acción o por omisión.
Pero más allá de la anécdota, el caso sirve para marcar un punto en particular. Teóricamente, cada peso que ingresa a las arcas del Estado requiere el concurso activo de toda una burocracia -siempre en incesante crecimiento- que da pase a expedientes y que estampa firmas y sellos en incontables papeles duplicados y triplicados. A pesar de esto, se halla a la vista de todos la frecuencia con que se descubre que tal dinero que debía ingresar no ingresó, o que el que salió no debía legalmente salir.
Dicha realidad lleva a preguntarse para qué sirve aquella cantidad de requisitos de escritorio, que en la letra debieran constituir un severo control. Inclusive, muchas veces pareciera que los ingresos públicos no constan en ninguna parte: es sabido que, a la hora de pagar obligaciones con el Estado, el ciudadano que no guardó el comprobante sellado debe pagar de nuevo el importe, como si no existiera un asiento contable donde conste su pago anterior. Y eso en la época de la informatización, cuando pareciera que nada puede escapar al severo registro de las computadoras.
La celosa vigilancia del movimiento del dinero es un recaudo fundamental para la marcha regular de la administración, en todos y cada uno de sus niveles. Habría que convenir, entonces, que ha llegado el momento de intervenir a fondo en ese sistema actual que alienta el crecimiento de una impresionante burocracia, sin que exista una satisfactoria contrapartida. Parece urgente implementar nuevos mecanismos que logren, efectivamente, que el Estado conozca a la perfección las entradas y salidas de sus recursos, y la actividad del personal que lo tiene a su cargo. Y que esta comprobación se realice exhaustivamente y a diario, para evitar la instalación impune de maniobras que puedan venir desarrollándose -como en el caso de la Banda de Río Salí- desde años atrás.
Por cierto que, ante todo, será necesario que las funciones del Estado, desde las de mínima hasta las de máxima importancia, se cubran con personal de comprobada e intachable probidad, y que se separe sin miramientos a quienes carezcan de esa condición. Lograrlo debiera ser un propósito fundamental de las autoridades y de los partidos políticos, y la ciudadanía debiera mantener su atención despierta, para denunciar lo que le resulte sospechoso.
Hasta que ese propósito elemental no se convierta en una realidad efectiva y actuante en la Nación, en las provincias y en los municipios argentinos, seguiremos descubriendo maniobras corruptas que podían haberse evitado. Conviene recordar que todo cambio que se intente operar en las prácticas del Estado, debe tener como premisa la honradez de sus funcionarios.