El plan de unificación monetaria divide las posiciones entre los gobernadores. Aquellos que no emitieron bonos opinan que el programa de eliminación de cuasimonedas es un premio a los que no hicieron el ajuste. Es más, piden una compensación de $ 1.000 millones en obras públicas. En la Nación se atajan y afirman que no es un plan con tinte electoral. También rechazan la versión de que sea un salvataje para gobiernos ineficientes. "No se trata de un subsidio, sino de un préstamo que las provincias que se adhieran al plan de rescate deberán pagar en los próximos años", dijo el secretario de Relaciones con las Provincias, Alejandro Arlía.
En un contacto telefónico con LA GACETA, el funcionario nacional señaló que, en Tucumán, los tenedores de los Bocade no tienen motivo para alarmarse, al conocer la reacción de algunos sectores comerciales por la presunta aparición de billetes apócrifos. "Se pondrán en práctica todos los mecanismos de control para verificar los bonos y, si se da esa hipótesis, se harán las investigaciones del caso", acotó. Agregó que los Bocade serán inutilizados, pero no destruidos.
De todas maneras, Arlía dejó en claro que "no es momento de agregar un elemento más de incertidumbre, porque el plan de rescate de las cuasimonedas no tendrá marcha atrás". El secretario de Relaciones con las Provincias indicó que con la publicación en el Boletín Oficial de la resolución que reglamente el retiro de circulación de los bonos, "el reloj comenzó a correr y ahora los gobernadores tienen 10 días hábiles para adherirse al programa".
La licitación pública para el rescate de bonos se haría en los primeros días de mayo, si la Legislatura ratifica la adhesión. "Creemos que, en menos de una semana, se recibirán las ofertas a valor de mercado y luego habrá una segunda vuelta, en la que el tenedor tendrá que aceptar las condiciones exigidas para canjearlos por pesos", indicó Arlía.
El funcionario afirmó, además, que el Bocade perderá poder cancelatorio hacia el 20 de mayo, y no antes, cuando finalizaría el plan de Unificación Monetaria.
La Provincia podría pagar juicios por $ 50 millones
Una simple resolución ministerial de la Nación no puede avasallar las autonomías provinciales, según la Constitución. Esa es la postura del legislador radical José Ascárate, para quien el plan de rescate de cuasimonedas generará una industria del juicio que condenaría a la Provincia a pagar cerca de $ 50 millones (sumando intereses y costas).
El titular de la UCR puntualizó que los tenedores de bonos accionarán contra el Gobierno, porque no aceptarán el canje por pesos a valor de mercado, es decir, pagando un desagio. "La Nación no puede imponer, a través de un mero convenio, una modalidad de canje distinta de la establecida por una ley anterior, que es la de creación del Bocade", señaló. "La diferencia que generará la conversión a valor de mercado, terminará pagándola el Estado a través de instancias judiciales", remarcó.
"Me avergonzaría que Tucumán se adhiera a un plan donde reconozca que una vez más se arrodillará ante el centralismo porteño. Ellos buscan soluciones a sus problemas (los patacones) y postergan nuevamente al interior, haciendo que sus habitantes paguen un desagio para canjear su moneda por efectivo", insistió Ascárate.
El legislador dijo que no se quedará sólo en las críticas. Por eso propuso que la Cámara apruebe parcialmente el convenio de adhesión que firmará el gobernador Julio Miranda con la Nación. "Que acepte el crédito de $ 150 millones para rescatar Bocade a valor nominal y que el stock remanente de bonos ($ 39 millones) sirva para cubrir una planilla salarial mensual, hasta que se sanee definitivamente la economía tucumana", afirmó.
Ese proceso de saneamiento financiero, según Ascárate, debe contener una cláusula por la que se prohíban nuevas emisiones en las próximas dos gestiones.
Dicen que es un plan injusto que favorece a Buenos Aires
Juan Carlos Romero no desaprovechó la oportunidad para criticar severamente el programa de Unificación Monetaria que organizó el Gobierno nacional. El gobernador salteño, en su paso por Tucumán, indicó que se trata de un plan injusto, concebido por el presidente Eduardo Duhalde, con el único objetivo de salvar del quebranto económico y de las malas gestiones a la provincia que gobernó: Buenos Aires.
El compañero de fórmula de Carlos Menem puntualizó que no es posible que, mientras los patacones bonaerenses se canjeen a valor nominal, las provincias del interior tengan que convertir sus bonos por pesos con un desagio elevado.
Romero hizo estas apreciaciones a LA GACETA tras reunirse con hombres de negocios en la Bolsa de Comercio de Tucumán. Posteriormente reiteró estos conceptos en el acto organizado en el Club San Martín, el viernes por la noche.
Inferioridad
La Nación incluyó a los patacones y a las Lecop en el Plan de Unificación Monetaria que establece la eliminación de $ 7.800 millones de bonos. Ambas cuasimonedas serán canjeadas uno a uno por efectivo. Además, esos instrumentos son aceptados para el pago de impuestos federales.
"El rescate de los bonos tiene que ser equitativo para todas las provincias porque la gente recibirá el dinero y no puede ser que se las condene a pagar un desagio del 10% para los Bocade tucumanos o un 50% para los bonos entrerrianos", remarcó el candidato a vicepresidente.
Romero agregó que el sistema elegido por la Nación constituye un nuevo castigo del centralismo hacia los habitantes del interior, ya que estarán en inferioridad de condiciones -respecto de su poder adquisitivo- con los de Buenos Aires.
En un contacto telefónico con LA GACETA, el funcionario nacional señaló que, en Tucumán, los tenedores de los Bocade no tienen motivo para alarmarse, al conocer la reacción de algunos sectores comerciales por la presunta aparición de billetes apócrifos. "Se pondrán en práctica todos los mecanismos de control para verificar los bonos y, si se da esa hipótesis, se harán las investigaciones del caso", acotó. Agregó que los Bocade serán inutilizados, pero no destruidos.
De todas maneras, Arlía dejó en claro que "no es momento de agregar un elemento más de incertidumbre, porque el plan de rescate de las cuasimonedas no tendrá marcha atrás". El secretario de Relaciones con las Provincias indicó que con la publicación en el Boletín Oficial de la resolución que reglamente el retiro de circulación de los bonos, "el reloj comenzó a correr y ahora los gobernadores tienen 10 días hábiles para adherirse al programa".
La licitación pública para el rescate de bonos se haría en los primeros días de mayo, si la Legislatura ratifica la adhesión. "Creemos que, en menos de una semana, se recibirán las ofertas a valor de mercado y luego habrá una segunda vuelta, en la que el tenedor tendrá que aceptar las condiciones exigidas para canjearlos por pesos", indicó Arlía.
El funcionario afirmó, además, que el Bocade perderá poder cancelatorio hacia el 20 de mayo, y no antes, cuando finalizaría el plan de Unificación Monetaria.
Una simple resolución ministerial de la Nación no puede avasallar las autonomías provinciales, según la Constitución. Esa es la postura del legislador radical José Ascárate, para quien el plan de rescate de cuasimonedas generará una industria del juicio que condenaría a la Provincia a pagar cerca de $ 50 millones (sumando intereses y costas).
El titular de la UCR puntualizó que los tenedores de bonos accionarán contra el Gobierno, porque no aceptarán el canje por pesos a valor de mercado, es decir, pagando un desagio. "La Nación no puede imponer, a través de un mero convenio, una modalidad de canje distinta de la establecida por una ley anterior, que es la de creación del Bocade", señaló. "La diferencia que generará la conversión a valor de mercado, terminará pagándola el Estado a través de instancias judiciales", remarcó.
"Me avergonzaría que Tucumán se adhiera a un plan donde reconozca que una vez más se arrodillará ante el centralismo porteño. Ellos buscan soluciones a sus problemas (los patacones) y postergan nuevamente al interior, haciendo que sus habitantes paguen un desagio para canjear su moneda por efectivo", insistió Ascárate.
El legislador dijo que no se quedará sólo en las críticas. Por eso propuso que la Cámara apruebe parcialmente el convenio de adhesión que firmará el gobernador Julio Miranda con la Nación. "Que acepte el crédito de $ 150 millones para rescatar Bocade a valor nominal y que el stock remanente de bonos ($ 39 millones) sirva para cubrir una planilla salarial mensual, hasta que se sanee definitivamente la economía tucumana", afirmó.
Ese proceso de saneamiento financiero, según Ascárate, debe contener una cláusula por la que se prohíban nuevas emisiones en las próximas dos gestiones.
Juan Carlos Romero no desaprovechó la oportunidad para criticar severamente el programa de Unificación Monetaria que organizó el Gobierno nacional. El gobernador salteño, en su paso por Tucumán, indicó que se trata de un plan injusto, concebido por el presidente Eduardo Duhalde, con el único objetivo de salvar del quebranto económico y de las malas gestiones a la provincia que gobernó: Buenos Aires.
El compañero de fórmula de Carlos Menem puntualizó que no es posible que, mientras los patacones bonaerenses se canjeen a valor nominal, las provincias del interior tengan que convertir sus bonos por pesos con un desagio elevado.
Romero hizo estas apreciaciones a LA GACETA tras reunirse con hombres de negocios en la Bolsa de Comercio de Tucumán. Posteriormente reiteró estos conceptos en el acto organizado en el Club San Martín, el viernes por la noche.
Inferioridad
La Nación incluyó a los patacones y a las Lecop en el Plan de Unificación Monetaria que establece la eliminación de $ 7.800 millones de bonos. Ambas cuasimonedas serán canjeadas uno a uno por efectivo. Además, esos instrumentos son aceptados para el pago de impuestos federales.
"El rescate de los bonos tiene que ser equitativo para todas las provincias porque la gente recibirá el dinero y no puede ser que se las condene a pagar un desagio del 10% para los Bocade tucumanos o un 50% para los bonos entrerrianos", remarcó el candidato a vicepresidente.
Romero agregó que el sistema elegido por la Nación constituye un nuevo castigo del centralismo hacia los habitantes del interior, ya que estarán en inferioridad de condiciones -respecto de su poder adquisitivo- con los de Buenos Aires.







