Sólo se busca una mayor calidad

Es fundamental asegurarnos que los jueces sepan derecho. Nadie pretende echarlos ni ponerles una espada de Damocles sobre la cabeza, sino corroborar que saben derecho. Respecto de quienes no pudieran sortear esta evaluación periódica, se giraría las actuaciones al órgano previsto por la Constitución, el Jurado de Enjuiciamiento, para que este valore si media una causal de remoción, dado que el notorio e inexcusable desconocimiento del derecho es una hipótesis de mal desempeño. Esto, amén de que el juez que no superara este examen elemental no podría honradamente seguir prestando funciones: por vergüenza, debería renunciar al otro día.

Quienes se oponen a la propuesta, suelen argumentar que ya está previsto el mecanismo del juicio político, ¿pero cuánto daño tienen que hacer hasta que, eventualmente, cuando eso sucede, se los pueda destituir? ¿Acaso no es mejor establecer un mecanismo preventivo porque quien paga los platos rotos es, en definitiva, el ciudadano que demanda justicia?

Corporativismo

Lo que se está agrandando es el sentido, porque la finalidad de la iniciativa es clara: resguardar la calidad de la administración de justicia, a favor de las mayorías. Por eso no llama la atención que el que se oponga sea el corporativismo de los jueces. Quien es un buen juez y sabe derecho debe estar tranquilo: no tiene por qué temer.

Tampoco se viola la garantía de la inamovilidad, que, además de no ser un derecho absoluto, se extingue cuando hay mal desempeño, y la ley prevé como causal de este el notorio desconocimiento del derecho. Entonces, una evaluación periódica probará si saben o no. Además, la idoneidad no sólo debe darse en el momento de la designación del juez, sino durante todo el desempeño del cargo.