El Gobierno de la volatilidad

Punto de vista III. Por Vicente Amadeo - Programa de política fiscal del Cippec

Por Redacción Política 07 Marzo 2010
¿Jugada impecable? La Presidenta anuncia que elimina un DNU y, frase siguiente, presenta otros dos que juntos suman la misma cifra: u$s 6.569 millones. La discusión es la misma pero con la sociedad más cansada por estas idas y vueltas y la institucionalidad más vapuleada. El Fondo del Desendeudamiento (igual que su antecesor del Bicentenario) se crea para pagar la deuda con acreedores privados. La estrategia del Gobierno es apartar reservas para cancelar pasivos y mejorar las condiciones para un canje que bajaría el riesgo país y volveríamos a los mercados a tasas de un dígito. Se lograría financiar mayor gasto al tiempo que se abarataría el crédito al sector privado y, así, aumentaría la demanda de trabajo.

Las alternativas son las que mencionó la Presidenta: ajustar, que es bajar el gasto para que los vencimientos se paguen con ingresos corrientes, lo que ningún Gobierno quiere hacer; o no pagar, que es lo mismo que eternizar nuestra mala reputación en el mundo y prepararse para muchos años de estancamiento y pobreza.

El problema es que, por un lado, el gasto público que aumenta más que la recaudación y pone en evidencia la falta de una política fiscal sostenible más allá de un año. Por el otro, el desendeudamiento sería un potencial endeudamiento: si se confirma la trayectoria de un gasto financiado con recursos extraordinarios, iríamos al déficit.

En rigor, los dos nuevos decretos en realidad aumentan el techo de gasto presupuestado para 2010. Con los llamados "superpoderes", el Poder Ejecutivo puede liberar otros fondos, como los $ 26.676 millones previstos en el Presupuesto 2010 para pagar deuda pública, dándole el uso que el jefe de Gabinete disponga durante el año en uso de las facultades delegadas.

El oficialismo puede pensar que tiene una táctica a lo Lionel Messi para distraer a adversarios, pero este partido recién empieza. La reacción de las fuerzas parlamentarias no oficialistas podría ser muy dura y generar costos económicos y de estabilidad institucional demasiado grandes para el país.

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