Reservas fundadas ante las urnas

Es muy probable que por vez primera en la historia electoral del país sea menester realizar el 27 del corriente mes y el 18 de mayo los comicios dobles para elegir presidente, previstos por el sistema de ballottage incorporado a la Constitución Nacional en 1994. Esa es, al menos, la estimación generalizada a la luz de los diversos factores concurrentes en la actual campaña electoral por la primera magistratura, y que no sólo son consecuencia de la crisis política, sino también de intereses partidarios en los que se muestran comprometidos los poderes públicos.
Invariablemente, las numerosas encuestas alrededor del tema están evidenciando que la inédita experiencia se consumaría a pesar de que nuestro régimen de doble vuelta no requiere, como el original francés, la mitad más uno de los sufragios para designar a un ganador en la primera, sino el 45 o el 40%, este último con diez puntos de ventaja sobre el segundo más votado.
La causa inmediata de esa situación sin precedentes ha sido la virtual ruptura de la bipolaridad dominante en nuestras experiencias electorales. Contribuyó a ello de forma espontánea y consecuente con la crisis de la Alianza, la Unión Cívica Radical, mediante el alejamiento de ponderables sectores. Por su parte, el Partido Justicialista no ha podido superar sus severas diferencias internas, debiendo optar por una alternativa que, con riesgo de dispersión, enfrenta a tres candidatos presidenciales cuyas hostilidades recíprocas superan las diferencias con los de otras agrupaciones. A ese escenario de incertidumbre debe agregarse el desembozado protagonismo que el Gobierno nacional ha asumido para favorecer, hasta el punto de promoverlo, a uno de aquellos aspirantes, apelando, cuando lo considera necesario, a la descalificación de sus rivales partidarios. El Poder Ejecutivo aparece así complicado en la interna de su partido en crisis, desatendiendo las responsabilidades emergentes de un gobierno de transición designado por el Congreso a los fines de normalizar la vida institucional y política de la República.
A las circunstancias señaladas debe agregarse necesariamente el singular calendario electoral que, por apartarse de los tiempos constitucionales previstos para la sucesión de los mandatos, provoca situaciones que agregan nuevas dificultades a la transición.
En primer término, el acortamiento en casi seis meses del período presidencial en curso, dará lugar a que el presidente electo asuma en discutible condición, y sin la renovación parcial parlamentaria que se producirá en diciembre. Por lo demás, si como se espera, el futuro jefe del Estado surge de la segunda vuelta electoral, apenas dispondrá de una semana para integrar su equipo de gobierno y asumir el Poder Ejecutivo.
Ese cúmulo de dificultades, al igual que las causas que las originaron, están provocando entre la ciudadanía lógicas reservas sobre la suerte del proceso electoral, cuyo ajuste es de tal naturaleza que resulta difícil evitar fricciones.
El propio ministro del Interior no ha descartado que las haya, remitiendo las eventuales alternativas en tal caso, a la Justicia Electoral. No menos graves son las temerarias denuncias apriorísticas sobre presuntos fraudes, por parte de candidatos no oficialistas, aunque en algún caso integrantes del partido oficial. Seguramente que no es posible a esta altura del proceso electoral exigir del Gobierno nacional una prescindencia digna de la misión que le encomendara el Congreso.
Sin embargo, todavía está a tiempo, como la totalidad de los postulantes que aspiran a llegar a la Casa Rosada, de moderar las actitudes generadoras de desconfianza y desaliento, posibilitando la serena reflexión de una sociedad que debe elegir entre las reducidas alternativas que le ofrece su clase política.