El trabajo infantil

Según informamos, se ha constituido una comisión provincial para encarar el problema del trabajo de los niños en Tucumán, con el propósito de erradicarlo. Existe una comisión nacional que se halla encargada de este tema, y que estuvo representada al anunciarse el lanzamiento del organismo tucumano. Según se expresó en esa oportunidad, el ente (en el cual tendrán participación el Gobierno, los diferentes credos, organizaciones no gubernamentales y ciudadanos) se dedicará de entrada a la realización de un diagnóstico, como base de la planificación de lucha.
Es conveniente que se inicie una tarea acerca de este particular punto de la problemática social tucumana. Digamos para empezar que no se trata en absoluto de una cuestión nueva. El trabajo de los niños, a pesar de las leyes que teóricamente lo vedan, existe desde tiempo inmemorial y se desarrolla ante una actitud generalmente pasiva del Estado (ya que carecen de relevancia las campañas oficiales, esporádicas y sin resultados visibles, que suelen realizarse). Pero también es verdad que, en estos últimos años, el alza de los índices de desocupación y de pobreza ha incrementado fuertemente, como era previsible, las cifras del trabajo infantil.
Como en todos estos terrenos, la tarea inicial debe enfocar a una concientización de la sociedad. Ello es imprescindiblemente necesario. Solamente se puede luchar con cierta posibilidad de éxito contra una actividad ilegal cuando en la comunidad existe una noción clara de esa ilegalidad. Entre nosotros, es evidente que hasta ahora no ocurre así.
El público no parece haber tomado nunca el peso del asunto, y tampoco los empresarios. Un ejemplo ilustrativo nos ofrece anualmente en Tucumán la zafra azucarera, en la cual los padres imponen a sus hijos la obligación de trabajar a su lado y bajo su autoridad. Y esa labor infantil en los surcos es tan común, que no existe fotografía sobre la zafra donde falten esos pequeños seres ejecutando tareas de adultos. Nunca hemos sabido que autoridad alguna se movilice para terminar con tal práctica.
Esto nos indica que dista de haberse encarnado en la conciencia de la población el hecho de que ese trabajo está prohibido por las leyes; que representa un cabal perjuicio para el menor y que- en consecuencia- se trata de una actividad ilícita, no de algo que pudiera considerarse incorporado a la realidad o al folclore de la cosecha azucarera. Y por cierto que contribuye a afianzar esa conciencia el hecho de que no se perciba una acción concreta del Estado tendiente a impedir que el menor trabaje.
El pernicioso arraigo, en la mentalidad de la gran mayoría, de una tolerancia acerca del tema, nos está indicando la magnitud de la labor que demandará un cambio de criterio; labor que deberá desarrollarse paralela con la acción concreta para erradicar ese flagelo. Daña al niño físicamente, al exigirle esfuerzos inadecuados con su edad y muchas veces sin una alimentación adecuada, y lo daña mentalmente, porque lo aparta de la educación que debiera recibir a esa edad, lanzándolo a la "escuela de la calle" con su sombría comitiva de peligros, de vicios, de delitos.
Parece conveniente que se busque programar una acción conjunta, donde participen las provincias y la Nación, y que se desarrolle coordinadamente, para dar a esta cuestión el sitio prioritario que sin duda merece en los planes de gobierno. Se trata de algo que no cede en importancia a los problemas alimentarios y de salubridad que aquejan a la niñez de esta sufrida zona del país. Pero, repetimos, lo que deberá acometerse de entrada es un cambio sustancial de la mentalidad. De otro modo no existirá la base para cimentar una lucha con alguna probabilidad de éxito. Conviene recordarlo.