El Congreso y la gobernabilidad

La gobernabilidad es una condición inquietante que acecha habitualmente a la política nacional, especialmente en los tiempos que transcurren, cuando un gobierno de transición se apresta a trasladar el poder a su sucesor, sin renovación de Poder Legislativo. La habitual carencia de políticas de Estado, es decir, de coincidencias básicas acerca de asuntos fundamentales entre el oficialismo y la oposición, sin necesidad de establecer alianzas o coaliciones, ha constituido en numerosas ocasiones un factor de obstrucción de la acción de gobierno que, en el caso presente, se manifiesta en las relaciones internas del propio partido. Esa situación está impidiendo, a menos de dos meses de traspasarse del poder, que la administración transitoria de la Nación pueda disponer de importantes instrumentos legales para resolver cuestiones que, consecuentemente, deberán pasar como una carga más a las próximas autoridades. La proximidad de los comicios -argumentan quienes no acuden a sus bancas parlamentarias- obliga a senadores y diputados a participar de las campañas políticas, pero el argumento es falaz si se advierte que las elecciones de renovación legislativa no se realizarán hasta cinco meses después.
Entre los asuntos más preocupantes cuyas soluciones deberán esperar por falta de voluntad parlamentaria, figura la ley de compensación a los bancos por las diferencias negativas que representa para el sector la apertura del llamado corralón a los depositantes pesificados. El Poder Ejecutivo, tras un debate interno que no ha satisfecho a la cartera de Economía, remitió al Congreso esa definición, pero muchas evidencias anticipan que deberá esperar el desenlace electoral. Se trata de una alternativa incierta que complicará a las futuras autoridades y, lo que es más preocupante, no permitirá superar adecuadamente la fuerte restricción del crédito que condiciona la reactivación económica. La banca, por cierto, trata de mantener liquidez para hacer frente a la devolución de los depósitos bloqueados, elevando inclusive las tasas de interés, para cubrirse de las inciertas expectativas que provoca la futura decisión legislativa. No se trata de la única cuestión postergada por el Parlamento, pero sí es la más indicativa del grado de incertidumbre que provoca la desatención legislativa.
En medio del insinuado receso electoral, las autoridades de ambas cámaras se muestran más preocupadas por concretar un acuerdo político o de gobernabilidad entre los diversos sectores parlamentarios, sin posibilidades mayores entre las distintas fracciones confrontadas en el partido oficialista y, menos aún, con las restantes de ambos cuerpos. Sorprendentemente, se pretende lograr un "statu quo" que asegure la pretendida gobernabilidad del futuro gobierno, cuando se está muy lejos de pronosticar con alguna certeza quién habrá de presidirlo.
Esa singular gestión de las autoridades del Congreso permite suponer que con ella se está tratando de mantener presente una imagen institucional ausente cuando se la requiere con justificada preocupación. La gobernabilidad es un factor operativo imprescindible para la buena marcha del país, pero asegurarla es un paso esencial en las actuales condiciones, que debe darse después de las urnas. Si, como existe amplia coincidencia, la elección presidencial deberá definirse en mayo, el breve espacio de una semana que resta para el traspaso del Poder Ejecutivo, impondrá una negociación intensa al flamante jefe del Estado; es decir otra complicación política agregada por la aventurada decisión de impedir que coincidiese el relevo presidencial con el parlamentario. El descrédito acumulado en la sociedad por una parte decisiva de la legislatura nacional es la gran deuda pendiente de la corporación política. Otra oportunidad de saldarla será esa transición legislativa entre el 25 de mayo y el 10 de diciembre, asumiendo iniciativas que aseguren la imprescindible gobernabilidad.