Señales de certidumbre electoral

En los modernos regímenes democráticos los candidatos a cargos electivos apelan a las encuestas de opinión para indagar sobre los deseos y las necesidades del electorado, tratando de adecuar sus propuestas con el contexto de esas demandas. El uso de las técnicas más evolucionadas sobre el conocimiento de la opinión social es legítimo y contribuye a orientar a quienes aspiran a desempeñar los poderes públicos, pero su abuso corre el riesgo de posponer valores esenciales de la política, entre ellos, el innovador espíritu creativo, condición del buen gobierno. Otra de las características de la difícil situación provocada por la crisis en nuestro país ha sido, precisamente, esa desmedida recurrencia de casi todos los candidatos presidenciales a los reclamos inmediatos de los diferentes sectores acuciados por el grave deterioro social y económico, para prometer soluciones ilusorias, cuando no de rasgos demagógicos.
Pero el conocido recurso de las promesas incumplibles y divorciadas de la realidad nacional no parece esta vez sensibilizar suficientemente al gran electorado, consciente como nunca antes de la situación que atraviesa el país.
Consecuentemente, han podido advertirse en las recientes semanas reorientaciones llamativas en el discurso de los candidatos presidenciales más significativos, donde han desaparecido ruidosas promesas carentes de futuro. El ministro de Economía, Roberto Lavagna, quien tiene a su cargo uno de los aspectos más críticos de la transición, ha señalado recientemente esa circunstancia al advertir que están produciéndose graduales coincidencias en cuestiones fundamentales, entre los candidatos más influyentes sobre la sociedad. Tal opinión es coincidente, a su vez, con las de algunos organismos internacionales -especialmente el Fondo Monetario- que están mostrando mayor confianza en el desenlace electoral, mientras ciertos indicadores económicos revelan signos inequívocos de gradual recuperación.
Puede afirmarse en ese sentido que la casi totalidad de las propuestas electorales no pasan ya por las viejas alternativas del Estado empresario, el desconocimiento liso y llano de las obligaciones de la deuda pública o los asfixiantes controles de la actividad privada, que en la realidad globalizadora representan testimonios de arqueología económica.
En primer término, puede señalarse que la falsa utopía de volver al Estado empresario, asumiendo servicios públicos o la producción de bienes que en el pasado contribuyeron a la pérdida de calidad de la economía nacional, ya no forma parte de ninguna oferta política ponderable.
A lo sumo, algún candidato sostiene la conveniencia de que el Estado compita en los sectores petroleros y ferroviario, aunque sin precisar el origen de los recursos para esa experiencia. Todos coinciden también, y en buena hora, sobre la conveniencia de revisar la ejecución de los contratos de concesiones y un control adecuado de los servicios. Respecto de la política monetaria, aparece ahora la defensa de la autonomía del Banco Central y la prohibición de financiar el déficit de Tesorería con emisión.
Igualmente han desaparecido otras propuestas incompatibles con la realidad internacional, optándose por alternativas con matices diferentes, donde el punto más sensible para nuestra sociedad es la reivindicación de Malvinas, exigida en todos los casos por cauces de negociación.
Una detenida observación del marco fundamental donde las ofertas políticas se desenvuelven, a poco más de tres semanas de las urnas, puede abrir a los electores reflexiones más orientadoras de la responsabilidad de sus votos, donde, debe reiterarse una vez más, reside el poder decisivo del sistema democrático.