Barrios "impenetrables"

Hace pocos días, ofrecimos abundante información sobre un problema realmente estremecedor. Hablamos de la realidad vigente en ciertos barrios de Tucumán ("El Sifón", "La Bombilla", "Trulalá", "El Chivero"). En ellos, hay una cantidad estimada de 4.000 menores que tienen entre 8 y 18 años. De entre ellos, más de la mitad se droga, no va a la escuela, forma parte de patotas o se dedica al robo y al asalto. El testimonio vecinal asegura que tienen más miedo a los niños que a los grandes. No puede ser de otra manera, cuando se piensa que esos niños circulan habitualmente con armas en la mano, y que las emplean para sus atracos o para disparar contra la Policía. Tales sectores de la ciudad revisten el carácter de "impenetrables" para los representantes de la ley. Partiendo de esta base, es de imaginar que el delito es algo que se incuba allí en forma libre y permanente, y que no sospechamos la magnitud que, al no existir contención alguna, puede llegar a adquirir.
Frente a estos temas, el Estado no parece tener las suficientes respuestas. Se habla de la intención de habilitar un Centro de Clasificación y Detención de Menores, pero su capacidad sería de 150 internos, la cual es una cifra muy baja frente al número de menores detenidos. Hemos informado también que no existen suficientes psicólogos dependientes del Gobierno para encarar la rehabilitación de los drogadictos.
Pensamos que se trata de cuestiones troncales dentro de nuestra sociedad, y que como tales deben ser encaradas, resueltamente y en profundidad, sin pérdida de tiempo. Partamos de la base de que están estrechamente vinculadas a la falta de seguridad, que es una cuestión que preocupa a todos. Es conocido que los menores son protagonistas de un elevado porcentaje de los delitos que se cometen tanto en nuestra ciudad como en el interior de la provincia. Delitos que, hay que recordarlo, tienen características tan sangrientas como las de los que perpetran los adultos.
En primer lugar, y lo hemos dicho otras veces, no puede aceptarse que en Tucumán existan barrios "impenetrables" para la ley, donde los chicos consuman drogas en la calle y deambulen armados. La Policía debe ingresar en esos lugares con todo el personal, armamento, comunicación y movilidad necesarios, y dejar en claro que ningún punto de nuestra ciudad está al margen de las normas que rigen la convivencia. El niño que se droga debe ser llevado a rehabilitación; el que delinque -niño o adulto- debe ser capturado y procesado, al igual que el que porta armas sin autorización. Sobre esta cuestión no puede haber dos opiniones.
Y en cuanto al específico problema del menor drogadicto, sin instrucción y nucleado en patotas, debe el Estado tener una respuesta igualmente eficaz. Es responsable el poder público de una situación como la que delineamos en nuestra nota, en la medida en que no adopte, frente a ella, las providencias que corresponden. Si es verdad que existe en Tucumán un gravísimo cuadro de pobreza y de desempleo, justamente ello hace más necesario que nunca ponerse en las condiciones de enfrentarlo.
Con motivo de los casos de desnutrición, por sus patéticas características sin duda, se movilizó la ayuda oficial de la Nación hacia nuestro territorio. Nos parece que este asunto no cede en importancia al problema de la falta de alimentación y de salud. Si el Estado tucumano no está en condiciones de encarar con eficiencia la lucha contra la delincuencia juvenil y la drogadicción, debe solicitar asistencia del Gobierno federal para hacerlo. De otro modo, seguiremos asombrándonos ante una realidad sin hacer nada de peso para contrarrestarla.