Una delgada pero difusa línea separadora

Durante el corriente mes, los titulares de diferentes diarios (nacionales y extranjeros) nos sorprendieron con una noticia que, según la concepción que tengamos de la política, de la sociedad, del Estado, de la vida privada de las personas y de la interrelación existente entre estos ámbitos, pudo sorprendernos, alarmarnos o dejarnos totalmente indiferentes al pensar que se trataba de un caso más de frivolidad en un mundo más mediático.

Dichos titulares decían algo muy interesante para la reflexión: "Irlanda del Norte entra en crisis por una infidelidad de la esposa del primer ministro" (diario La Nación); "Un escándalo de sexo y poder golpea a Irlanda del Norte" (La Nación, del sábado 9); "Un escándalo familiar desestabiliza al primer ministro de Irlanda del Norte" (ABC, de España, del jueves 14); y en Le Monde (Francia), del mismo día, algo de mayores dimensiones aún: "Ulster: esperanzas y desbloqueo del proceso de paz a pesar del escándalo" (las cursivas me corresponden).

Nada nuevo

Como podemos observar, la barrera claramente establecida en el Mundo Moderno, entre los siglos XVII y XVIII, para lograr la separación entre lo público (en aquella época, el Estado) y lo privado (la vida familiar y doméstica, la del pudor y del sexo, la de la intimidad y las creencias pero también la del "patriarcado" y de la sumisión de la mujer), ha sido completamente barrida.

Por supuesto que esto no es novedoso. Ya los antecedentes de Bill Clinton y de otros casos ingleses del pasado (como el de John D. Profumo), por citar algunos, habían pasado la débil línea señalada. Esto quizás no debería preocuparnos demasiado si no afectase resortes institucionales que pueden rozar no sólo al Estado.

El anuncio de Peter Robinson de no asistir por unos meses a las delicadas y vitales conversaciones sobre la paz entre protestantes y católicos en Irlanda del Norte; la cuestión del poder (los créditos obtenidos por su esposa, en carácter de diputada, mediante influencias); la corrupción que tanto lesiona la sociedad civil y puede incidir en los derechos de los ciudadanos y de la democracia, o el "debilitamiento" de una figura importante, como es la del primer ministro en un sistema parlamentario. Todo esto no puede menos que llevarnos a pensar seriamente y no con frivolidad ante estos sucesos.

Sabemos que los conceptos de público y privado son -como todos los provenientes de la política- altamente polisémicos y ambiguos. No son producto de la naturaleza ni de la abstracción: ambos se fueron configurando y construyendo a lo largo de la historia mediante un "proceso de civilización" (Norbert Elias), que fue delimitando las esferas, estableciendo normas, coacciones, temores y culpas; proceso que no se desarrolló por igual en los diferentes países y tiempos.

Si bien estamos de acuerdo sobre el peligro para la democracia de identificar absolutamente los público con lo privado (Hannah Arendt nos recuerda sobre su gravedad en el caso de los totalitarismos), tampoco coincidimos con el liberalismo clásico en cuanto a su oposición tajante. Porque entre la vida familiar, donde se encuentran los individuos sujetos de derecho, y el Estado, se ubica la sociedad civil; el lugar del diálogo (como dice Jürgen Habermas), el espacio simbólico, no material, el de la discusión crítica y de los antagonismos y, también, de la ideas y proyectos comunes, único freno contra el avance del Estado.

Los entrecruzamientos

Lo importante es reconocer que este espacio, el de lo social, es de un densa opacidad pero no es oculto, sino público, tan público como el Estado: es un lugar de cruzamientos; inclusive, el espacio familiar donde el Estado también impone sus normas jurídicas. De modo que estamos ante un sistema heterogéneo y complejo, donde en forma contraria al liberalismo clásico, entre el individualismo omnipotente y mercantil (ya no tan omnipotente ni tan mercantil) y un Estado burocrático que ejerce la violencia legítima, debemos tender puentes y volver a enaltecer -como los romanos- el concepto de lo público, como cosa pública cuyo sentido es el bien del pueblo.

En definitiva, una sociedad sin exclusiones, con individuos sujetos de derecho, pero no de derechos abstractos y formales, sino con la encarnadura de los derechos reales y concretos, que gocen de libertad pero, sobre todo, de justicia y de una vida sencillamente buena; con pasiones e intereses y donde, no obstante, las responsabilidades de los actos reconozcan el límite entre el pudor, la honestidad y el peligro político de las transgresiones personales.