

BUENOS AIRES.- La Justicia dio ayer un duro golpe al plan del Gobierno nacional de usar las reservas del Banco Central para pagar deuda externa, ya que prohibió la operación y ordenó la restitución del presidente del organismo, Martín Redrado, que había sido despedido por no transferir los fondos.
La decisión judicial agudizó la crisis de poderes que estalló el jueves, cuando la presidenta, Cristina Fernández, despidió por decreto a Redrado por demorar el envío al Ejecutivo de unos U$S 6.500 millones para hacer frente a vencimientos de deuda. "Vuelvo a trabajar al banco; se hizo justicia", dijo Redrado, un economista respetado en los mercados, cuando volvía a su oficina, en medio de una maraña de cámaras y de micrófonos.
La decisión judicial se sumó a un fallo, emitido también ayer, que bloqueó el intento del Gobierno por usar las reservas como garantía de pago a los inversores.
Redrado mismo había presentado en horas de la mañana un recurso judicial para ser reinstalado en la jefatura de la entidad. El Gobierno puede apelar los fallos judiciales hasta el martes.
Antes de que Redrado fuera restituido, el presidente interino del Banco Central, Miguel Pesce, vicepresidente de la entidad, ya había ordenado abrir una cuenta especial, como paso inicial para liberar el uso de las reservas internacionales. Más temprano, la Presidenta había justificado su decisión de aplicar reservas al pago de deudas durante un acto en las afueras de Buenos Aires.
La decisión de Sarmiento
La jueza en lo contencioso administrativo federal, María José Sarmiento, fue la que dictó ambas medidas cautelares: la de restituir a Redrado y la de impedir la creación del Fondo del Bicentenario, en ambos casos hasta que el Congreso resuelva que hacer con ambos DNU.
La jueza afirmó que la remoción de Redrado sólo puede concretarse tras la consulta a una comisión del Congreso, creada para ese fin -según la carta orgánica del Central-, e hizo lugar así a una presentación realizada por el abogado Gregorio Badeni, que representó a Redrado.
La magistrada habilitó la feria judicial ante la gravedad institucional de la cuestión planteada.
En su fallo, la magistrada recordó que esta comisión debe ser presidida por el presidente del Senado, Julio Cobos, y advirtió que de la lectura del decreto 18-2010 (el de la remoción) la Presidenta pretende exceptuarse de esta exigencia.
Además, y según acotó la jueza, siempre dentro del restringido ámbito cognoscitivo de las cautelares, no se advierte que el invocado autor hubiere incurrido en el invocado incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Con respecto a la otra cautelar, la dictada a la mañana, la que suspende la liberación de reservas federales, Sarmiento señaló que de la lectura del DNU de la Presidenta se desprende que no existe plazo para dar cumplimiento a lo que dispone y que las medidas resueltas por el presidente del Central son razonables debido a que sólo transcurrieron 13 días administrativos desde el decreto 2010.
La jueza Sarmiento está de turno en la feria judicial y, por eso, resolvió la cuestión, ya que la magistrada que había sido sorteada en esta causa, Liliana Heiland, se encuentra de vacaciones. (Reuters-Télam)







