EN LA PARADA. Los integrantes de la asociación de empresarios de transporte protagonizaron una disputa por concesiones y recursos públicos.
Acusaciones cruzadas sacuden a la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) tras las denuncias públicas del empresario Sergio Gómez Sansone, propietario de las firmas El Rayo Bus y San Pedro de Colalao, quien aseguró haber sido declarado “persona no grata” dentro de la entidad luego de reclamar rendición de cuentas sobre la distribución de los subsidios provinciales al transporte. Desde Aetat, Jorge Berretta sostuvo que la decisión fue tomada por unanimidad en asamblea y aseguró que los fondos se distribuyen bajo auditorías de organismos provinciales.
Según relató Sansone, el conflicto se originó a partir de pedidos a las autoridades de Aetat -su presidente Daniel Orell y el vicepresidente Berreta- para que se transparenten los criterios y montos con los que se reparten las compensaciones tarifarias. “Me declararon persona no grata a raíz de mi pedido de rendición de cuentas de los fondos que llegan del Gobierno de la provincia y que luego Aetat lo distribuye en las empresas”, afirmó. El empresario sostuvo que la distribución se realiza sin información clara para los asociados. “Es una distribución casi secreta que no comparten con nadie. Lo hace la comisión directiva sin que los demás empresarios sepan”, señaló.
La línea 131
En ese marco, Sansone vinculó su enfrentamiento con Aetat a la pérdida de concesión de la línea 131, que operaba su empresa. “En noviembre de 2024 se generó el conflicto con UTA y ellos terminan activando el protocolo de siempre, me hacen un paro y me terminan quitando la línea. No fue algo al azar, está detrás todo el matiz mafioso”, denunció. Además, aseguró haber sido víctima de agresiones físicas: “Primero, gente de UTA me agredió físicamente y de eso tenemos videos. Luego, en Aetat me reclamaron esa pelea, discutí con Berreta y también me agredió físicamente”.
Entre sus reclamos, Sansone pidió que el esquema de subsidios sea modificado y que la provincia envíe las compensaciones tarifarias directamente a las empresas, sin pasar por la Asociación de Empresarios del Transporte. Denunció además presuntas irregularidades en el manejo de fondos: “Encontré cheques en cuevas de Tucumán que se vendían y que eran de mi empresa. A mi nunca me los entregaron. Son fondos que se malversaron”. En ese sentido, detalló un mecanismo que, según dijo, se repite de manera sistemática: “Hay un recibo y un cheque. En el recibo dice gastos bancarios y el cheque coincide exactamente con el importe de los gastos bancarios que ellos nos descontaron. Me descuentan a mí, se quedan ellos con el cheque y lo van a vender”.
Sansone aseguró que lleva 17 años en el rubro y cuestionó el funcionamiento del sector. “No se puede vivir toda la vida oprimido. Otros empresarios ya lo intentaron, uno de ellos fue Miguel Villagra (propietaria de la línea 19, fallecido en 2022). Te llevan al desgaste, te amenazan con quitarte la empresa y de esa manera te doblegan y te silencian. Yo ya estoy fuera de esa etapa del miedo”, concluyó.
Distribución auditada
Ante estas acusaciones, el vicepresidente de Aetat salió a responder y negó de manera categórica los señalamientos. “Al señor Gomez Sansone se lo declaró persona no grata en la institución de Aetat por declaraciones agravantes, injuriosas y falsas hacia la institución y hacia sus directivos. Esta decisión se tomó en asamblea en forma unánime donde votaron 50 empresas”, explicó. Además, rechazó las denuncias de agresión: “Es falso que yo lo haya agredido físicamente en la sede de Aetat o en cualquier otro lugar”.
Berreta también defendió el sistema de distribución de subsidios y aseguró que los montos no son confidenciales. “Se publican en el Boletín Oficial de la provincia y todos los colegas saben los montos totales y lo que le corresponde a cada empresa”, sostuvo. Según indicó, la distribución se rige por una ley provincial: “Se ajustan a una ley sancionada en la Legislatura de Tucumán que reza que la distribución de subsidios se realizará según la cantidad de empleados declarados en el formulario F931 del ARCA”. En ese sentido, agregó que la distribución es auditada por la Secretaria de Transporte, el ministerio de Economía, el Tribunal de Cuentas y la Legislatura con controles previos y posteriores a su pago.
En relación con los fondos municipales, Berreta precisó que se firmó un acta en forma unánime con todas las empresas con una fórmula polinómica que involucra la demanda por cantidad del Boleto Educativo Municipal (BEM), pasajeros transportados y el personal por F931. Sobre la situación de El Rayo Bus, empresa que explotaba la línea 131, aclaró que “la Dirección General de Transporte determinó infracciones en septiembre de 2025” y que la firma “no era concesionaria”, por lo que la prestación provisoria fue otorgada a otra empresa del sector.
Por último, sobre las denuncias vinculadas a cheques y presuntas irregularidades, Berreta también rechazó de plano los señalamientos y puso en duda la veracidad de los hechos relatados por Sansone. “Cómo podría encontrar un cheque en una cueva, si supuestamente uno lo cambia a cualquier persona y ese cheque indefectiblemente tiene que llegar al banco. Todo lo referente a distribución de subsidios y movimientos de cuentas de Aetat fue aprobado por acta”, afirmó. En esa línea, remarcó: “Gómez Sansone pidió una supuesta rendición de cuentas, pero nunca reclamó la restitución del monto del presunto cheque”. “De haber querido instalar alguna duda o sospecha, habría intimado a la institución. Nunca lo hizo. Su historia es de una mala intención inusitada”,.
