Se deben readecuar las políticas contra las drogas, dijo una fiscala

Mónica Cuñarro es integrante del comité de expertos que, a pedido del Gobierno, prepara la reforma de la ley 23.737 de estupefacientes.

25 Octubre 2009
BUENOS AIRES.- El histórico fallo de la Corte Suprema que absolvió a cuatro personas que tenían marihuana en su poder aún tiene repercusiones. La fiscala Mónica Cuñarro, titular de la Comisión Nacional Coordinadora de Políticas Públicas en Prevención y Control de Tráfico Ilícito de Estupefacientes, marcó su postura en el debate, al señalar que los poderes públicos deben adecuar la política criminal sobre drogas en base a la sentencia que dio el máximo tribunal.
El viernes, al disertar en una jornada sobre salud y drogas realizada en el Congreso Nacional, Cuñarro reivindicó el fallo de la Corte. En agosto, los magistrados Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay resolvieron la inconstitucionalidad de un párrafo de la ley de drogas que penaliza la tenencia de drogas para consumo personal. En su dictamen, los magistrados aclararon que se tuvo en cuenta el contexto en el cual fueron arrestados los cuatro imputados -todos mayores de edad-, ya que estaban en un ámbito privado y la cantidad de droga que tenían en su poder era escasa.
"Es un fallo para ser cumplido y acatado en un Estado de derecho", sentenció Cuñarro. La fiscala planteó además la necesidad de cumplir con la exhortación de la Corte hacia los poderes públicos para readecuar las políticas contra el narcotráfico.
Cuñarro expuso su postura en la IX Reunión del Consejo Federal de Legisladores de Salud (Cofelesa), encuentro que se desarrolló en la Cámara de Diputados y del que participaron también los ministros de Educación, Alberto Sileoni, y de Salud, Juan Mansur.
Para sostener su postura, Cuñarro expuso un "mapa criminal", según el cual el 80% de las causas vinculadas a estupefacientes involucra a jóvenes. "Pero la gran mayoría no es adicto ni tiene vinculación con el tráfico de drogas o antecedentes penales", afirmó. Y agregó: "la inteligencia policial, en cambio, era errática con respecto a las causas graves".
Cuñarro remarcó que el Estado aún no actuó en el sentido indicado por la Corte. En el dictamen, los magistrados habían señalado la ausencia de un plan de contención y prevención nacional del consumo de drogas. "Hay una falta de controles en todos los organismos encargados de tareas de rehabilitación", dijo la fiscala. (Télam)

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