Ni en la cárcel ni en el Obarrio quieren a Amín

Durante los 12 minutos que permaneció en la sala de audiencias del Palacio de Tribunales, Pablo Antonio Amín amenazó de muerte a un hermano de la mujer que  asesinó hace dos años; balbuceó un sinfín de palabras (en inglés y en español) e interrumpió a abogados y testigos con sus interminables desvaríos.
Luego de echarlo del recinto otra vez, tal como había sucedido el lunes, los miembros de la sala II de la Cámara Penal se abocaron a tratar de dilucidar qué harán con él. Ayer, se dieron cuenta que ni en el penal de Villa Urquiza ni en el Hospital Psiquiátrico Obarrio, dos posibles destinos del imputado, quieren (o pueden) hacerse cargo de Amín.
El 27 de octubre de 2007, el hombre llegó desde Santiago del Estero junto a su esposa, María Marta Arias. Ese día, protagonizó incidentes en la Catedral y en la vía pública. Fue arrestado y llevado al Centro de Salud; un médico lo examinó y le dio el alta. Esa noche, Arias y Amín volvieron al hotel Catalinas Park, ubicado frente al parque 9 de Julio. Estaban acostados en su cama cuando el santiagueño se subió encima de su esposa, la ahorcó y la mutiló hasta matarla. Minutos después, personal del hotel encontró al hombre arrastrando el cuerpo de Arias por las escaleras, pateándolo y gritando.
Ayer, durante la primera parte del debate, las integrantes de la junta médica que examinó al santiagueño concluyeron su explicación sobre el diagnóstico oficial. El lunes, durante la primera audiencia, las especialistas habían señalado que Amín sufre trastornos de personalidad, pero estos no le impiden saber lo que está bien y lo que está mal. "Durante las entrevistas, el paciente decía recordar el daño que había producido y sabía que no podía repararlo", dijo una de las psicólogas, Gabriela Serrano. Además, agregó: "las conductas que manifestaba no podían enmarcarse en un cuadro psicótico, pero sí en uno de personalidad antisocial". Luego, el tribunal les preguntó a las especialistas si un individuo con las características psicológicas de Amín puede estar en un penal. Ellas contestaron al unísono: "sí".
Esta posibilidad fue rebatida por el psicólogo Eduardo Núñez Campero, director del Instituto de Criminología de Villa Urquiza. "Si tuviéramos un equipo tratante, sí; pero el tipo de tratamiento que necesita Amín requiere una energía y una frecuencia que hoy no podemos proporcionar. Somos cinco psicólogos y una psiquiatra (que está de licencia) para atender a cerca de 800 internos", aclaró Núñez Campero. El psicólogo entrevistó a Amín en seis o siete ocasiones, según dijo, y brindó dos posibles diagnósticos: psicosis paranoica o esquizofrenia paranoica. "La segunda es mucho más grave que la primera", aclaró. Sin embargo, cuando el representante de la querella, Mario Leiva, le preguntó si el acusado podía distinguir entre lo que estaba bien y lo que estaba mal, el psicólogo dijo que sí.
Luego, Núñez Campero dio varios detalles sobre la personalidad de Amín. Según declaró, el santiagueño le contó de varios episodios violentos que había protagonizado a lo largo de su vida. Además, dijo que tiene una inteligencia "media-alta" y que existe la posibilidad de que esté simulando una enfermedad mental para que los jueces determinen su inimputabilidad. "Sin embargo -precisó-, eso no significa que no esté realmente enfermo y que esa patología esté presente. Un loco puede simular que está loco y, según mi opinión, Amín lo está". Ante la consulta de los defensores Roberto Flores y Martín Zottoli sobre si el imputado debía ser llevado a un neuropsiquiátrico, Núñez Campero respondió: "tiene que estar en un lugar donde sea tratado adecuadamente".

La otra campana
Nélida Romano, directora del Hospital Obarrio, aclaró que la institución a su cargo no está en condiciones de recibir a Amín. "Somos un hospital de puertas abiertas; no tenemos infraestructura suficiente para alojar personas presas o detenidas. Lo hacemos por orden de la Justicia", declaró. Además, la psiquiatra detalló que el Obarrio tiene 102 pacientes, de los cuales 12 tienen conflictos con la ley. "Hay por robo agravado, homicidio, abuso sexual", relató ante los jueces Emilio Herrera Molina, Alberto Piedrabuena y Emilio Páez de la Torre. "Pero en el hospital sólo hay un destacamento con un jefe policial y un agente. Luego, la Justicia puede disponer una custodia especial para el paciente", prosiguió.
El 20 de diciembre de 2007, Romano le envió una nota a Fernando Avellaneda -entonces secretario ejecutivo del Siprosa, hoy viceministro de Salud de la Nación- expresando que no era recomendable que Amín esté en ese hospital. "Le comunicaba a mis superiores la situación, en especial con la cuestión de los procesados", añadió Romano. La respuesta no se hizo esperar: "los oficios que envía la Justicia son de cumplimiento obligatorio".