Un laboratorio de fórmulas impositivas

No hay dudas de que Tucumán es el eje sobre el cual gira la economía regional y que es el centro comercial del NOA. Todas las decisiones que se adoptan en la provincia repercuten en los otros distritos.  
Lo mismo sucede a nivel institucional. José Alperovich trata de sostener las cuentas públicas con el salvavidas federal, pero no se inmiscuye en temas que irriten al kirchnerismo. Por caso, la redistribución de los fondos públicos. En la puerta de la Casa Rosada hacen fila el salteño Juan Urtubey y el jujeño Walter Barrionuevo. Pero a diferencia del tucumano, que goza del madrinazgo nacional, los otros buscan, por un lado, que la Nación cree un fondo especial coparticipando el 50% del impuesto al Cheque (Salta hizo el planteo), y por otro, un ayuda extraordinaria para poder pagar los sueldos a los estatales (Jujuy es el ejemplo).  
La tranquilidad fiscal, no obstante, no es eterna. Más tarde que temprano, el humo de los eventuales incendios financieros de las provincias vecinas llegará a Tucumán. Lo ilustraba un funcionario de la siguiente manera: "sin agua, en este desierto llamado recesión hasta el más resistente está expuesto a caerse en la arena". Alperovich respira el humo de las cubiertas que se encienden frente a la Casa de Gobierno. La protesta de los médicos y del personal sanitario duele al Poder Ejecutivo, pero no hay desesperación. Los funcionarios creen que el arreglo llegará con el tiempo, pero aún no definieron los interlocutores. El Gobierno se cierra en que no tiene plata para atender las demandas salariales de los guardapolvos blancos. Duele la protesta porque se trata de un área que se constituyó en el "caballito de batalla" de la gestión. Sin atención en los hospitales, los problemas sanitarios se profundizarán. La sociedad observa inquieta esta contienda salarial que aún no encuentra fin.

Costos empresariales
Tucumán es una suerte de laboratorio económico e impositivo. Los empresarios están espantados ante la voracidad fiscal del Gobierno. En pos de actualizar la legislación tributaria (buena parte de ella rige desde hace tres décadas), Rentas avanza con medidas que tienden a incrementar los costos impositivos del sector privado. No se discute que esas acciones sean necesarias para el fisco, pero sí la oportunidad: no hay empresa que no haya sido vapuleada, en mayor o en menor medida, por la crisis. Durante la última reunión de empresarios del NOA, en la FET, se deslizó entre los asistentes que cada vez hay más trabas fiscales para comercializar con Tucumán, debido al régimen de retención y de percepción a los contribuyentes foráneos.
Dentro de un mes se sabrá cuál es la provincia más cara por la presión impositiva. "Se llevarán algunas sorpresas", desafían los técnicos del Ejecutivo, señalando a Salta como  una de las más onerosas en términos tributarios.

Quejas de consumidor
Los debates políticos y empresariales casi pasan inadvertidos entre los consumidores. Este eslabón de la economía asiste a un escenario donde todo se conjuga con "azo" (tarifazo, impuestazo o boletazo). El Gobierno trata de disimular los reajustes tarifarios en los servicios privatizados, pateándolos para más adelante. En el caso del transporte, los subsidios son casi patrimonio exclusivo de Buenos Aires. De allí el clamor de los empresarios del sector por el postergado reajuste en el precio del boleto.
Si se toma la tarifa del transporte urbano de pasajeros, Tucumán posee hoy el boleto más caro de la región: el mínimo  cuesta $ 1,70. En Santiago del Estero vale $ 1,50. En Salta y en Jujuy se cobra $ 1,25. Ni hablar del servicio de taxis. Más allá de que sea justo el reclamo de los propietarios, el aumento del 20% golpeó con fuerza al bolsillo del asalariado. En Tucumán, la bajada de bandera ahora cuesta $ 2, mientras que por cada 80 metros (no cuentan las ochavas) se cobra $ 0,15. En Santiago, algunas empresas cobran $ 2,50 los 1.000 metros y $ 0,16 por ficha. En Jujuy, si bien la bajada de bandera es la más cara de la región ($ 2,50), se compensa con la ficha (vale $ 0,10). Y en Salta es al revés: la bajada de bandera es de $ 1,40 y la ficha de $ 0,19.
Las comparaciones son odiosas, pero de vez en cuando son necesarias para describir el contexto, el impacto y la espalda financiera que tienen los asalariados para hacer frente a los aumentos. En el sector privado de Tucumán trabajan 135.000 personas, casi la misma cantidad de la suma de empleados que tienen Salta (82.000) y Jujuy (46.600). Aún más, triplica al personal de las empresas radicadas en Santiago del Estero (42.700). En Tucumán, el salario promedio del primer trimestre (estimado por el Indec en $ 1.734) creció un 24,7% respecto de igual período de 2008. Ese porcentaje es apenas superior a la suba de un empleado privado jujeño (24,4%) que gana $ 1.775 mensuales o el de un santiagueño (cobra $ 1.633) o el de un salteño ($ 1.823), cuyas remuneraciones de bolsillo crecieron un 23%, según el Indec.
Con los últimos incrementos no hay sueldo que aguante. Tucumán se subió al ómnibus de los aumentos. Con presión fiscal creciente y con reajustes en los precios, el que produce y el que comercializa pierden competitividad respecto de sus pares de la región. Lo peor del caso es que a ese sobrecosto lo termina pagando toda la sociedad.