Destejiendo instituciones para tejer poder

El gobernador, José Alperovich, no da puntada sin hilo y teje, con las madejas que le acerca su nuevo vicegobernador, Sergio Mansilla, un atuendo de pacificador social.
Con un ojo puesto en 2011 y el otro en el Poder Judicial (debe resolver sobre las objeciones a la recontra-reelección), el oficialismo local trata de exhibirse a tono con la moda política desde que pasaron las elecciones que dejaron desnudo al kirchnerismo.
De hecho, dedicaron el invierno a tomar medidas para vestirse de dialoguistas. Decidieron crear por ley un Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) más o menos equilibrado: todo un cambio. Esto implicó abandonar la designación a dedo, practicada entre 2003 y 2006, y aceptar la recomendación que la Corte había dado en la sentencia que deshilachó varios remedos de la reforma constitucional. Haber ignorado ese consejo ocasionó 34 acefalías y puso en crisis el servicio público de administración de Justicia.
Luego recibieron a los Colegio de Abogados, atendieron sus planteos, aplicaron buena parte de sus sugerencias y hasta les dieron un lugar en el órgano seleccionador de jueces. Y, finalmente, incorporaron al radical José Cano en el Jurado de Enjuiciamiento y designaron en el CAM nada menos que al ex fiscal Anticorrupción, Esteban Jerez.
Por supuesto, todo el que teje sabe que cada trama tiene un revés. El del punto "Jersey" es el "Santa Clara". Y el del mandatario es tratar de mostrarse como un sastre de la calidad institucional y no como un retaceador del sistema republicano de Gobierno. El mameluco y la democracia pavimentadora lo llevaron a la cima de los votos en los comicios de 2007, cuando obtuvo 530.000 votos. Pero con eso solo no alcanza. Lo comprobó en las dos elecciones siguientes, tras la cuales perdió 150.000 sufragios.
En noviembre de 2003, a un mes de asumir, la Corte manifestó su disconformidad con el proyecto oficial para ampliar el CAM. La reacción de Alperovich fue, directamente, extinguirlo. O sería como él quería, o seria nada. El domingo pasado, en el almuerzo, escuchó a Mansilla decirle que con Jerez -hasta hace algunas horas, innombrable en la mesa alperovichista- se podía tejer un CAM más resistente. El lunes, en el desayuno, Roque Alvarez no hizo más que confirmar el diagnóstico de la víspera: podían llegar a sumar 18 los legisladores del bloque Tucumán Crece que no avalarían a Luis José Bussi -lo respaldaba fuertemente Sisto Terán- como consejero, dadas sus posturas respecto de la última dictadura militar.
Tampoco Jerez -lo cuestionaba fuertemente Sisto Terán- era fácil de digerir: fue la pesadilla judicial del mirandismo. Tres peronistas aclararon que lo acompañaban sólo por mandato de bloque y otros cuatro no le dieron el voto. Pero en este caso, hubo algunos parlamentarios reacios que recibieron la llamada "de un amigo" desde el principal despacho de la Casa de Gobierno, con el mensaje de que el ex fiscal era para el proyecto político un mal necesario a fin de que no hubiera reparos contra el equilibrio de los organismos de selección y de remoción de magistrados.

Molde más amplio
Mansilla, por su parte, ha tejido consenso en la oposición. Su predecesor, Juan Manzur, tenía diálogo con todos los sectores, pero marcaba claras distancias con Cano, por sus denuncias sobre la presunta adulteración de los índices de la mortalidad infantil, y con Jerez, dado el encono que le reserva el alperovichismo. En contraste, y como le reconocen tanto aliados como adversarios, lo que el ex intendente de Aguilares no tiene de técnico sí lo tiene de político. Tanto es así que el frustrado acceso de Luis José al CAM ya le abrió canales de diálogo con Ricardo Bussi.
Este entramado con la oposición tiene que ver, también, con la necesidad de Mansilla de compensar internas en la bancada oficialista.
Así como muchos encuentran ahora acceso directo -y soluciones directas- en la vicegobernación (Manzur era un gran derivador de pedidos a la Casa de Gobierno), unos pocos han perdido el protagonismo y la rutilancia que tenían hasta hace menos de dos meses.

A medida
Ahora bien, lo cierto es que, hasta aquí, el alperovichismo apenas ha tejido media bufanda de pluralismo parcializado, que no puede disimular los atropellos contra la institucionalidad que conserva en el armario, incluyendo ese traje a medida que se hizo confeccionar hace tres años con la Convención Constituyente.
En Tucumán, los organismos descentralizados siguen intervenidos y, por ende, sólo responden al poder central. Los jubilados se siguen muriendo sin conocer el prometido 82% móvil. Los médicos tienen la ocurrencia de reclamar salarios que les permitan vivir dignamente y el Gobierno declara ilegales sus medidas de fuerza. En cambio, el oficialismo considera perfectamente lícito apartarse por enésima vez de las licitaciones públicas que prescribe la Constitución y adjudicar de manera directa la obra para la reconstrucción del ex Sanatorio ADOS, por $ 36 millones.
El alperovichismo sigue manteniendo los dos tercios del Jurado de Enjuiciamiento, con los cuales puede destituir a cualquier camarista, juez, fiscal o defensor oficial. Y sienta 11 de los 12 miembros en la comisión de Juicio Político, con lo que puede promover acusación contra cualquier vocal de la Corte. Por cierto, para destituir a un juez supremo hacen falta, gracias a la nueva Carta Magna, menos votos legislativos que para deponer al gobernador o al vice, con la consecuente abrogación de hecho de la igualdad objetiva de los poderes y la aparición de la república desequilibrada. El poder político se reservó la mayoría de la Junta Electoral Provincial, donde sienta dos de los tres miembros.
Y, como si nada de esto bastara, la Legislatura sigue arrodillada. Volvió a demostrarlo esta semana, con la intentona de extender el Impuesto de Sellos a los créditos para el sector productivo. Sin entrar a considerar las versiones sobre los reparos de funcionarios nacionales y de funcionarios bancarios, lo cierto es que la Cámara hizo un deslucido papel: se prestó al juego alperovichista del "si pasa, pasa". Casi en silencio, y sin abrir consultas a los afectados, se emitió despacho al proyecto que iba a extender el pago del Impuesto de Sellos a las operaciones financieras del agro, la construcción, la industria y la minería. Sólo cuando LA GACETA lo sacó a la luz, los afectados se enteraron y reaccionaron, y los impulsores de la medida "meditaron" y dieron marcha atrás.
Párrafo aparte merece la contradicción del sector de la construcción. Cuando esta gestión dictó una ley para restringir la difusión de las licitaciones públicas, referentes de esa actividad salieron a aplaudir la medida, porque aunque los perjudicaba ignorar qué iba a licitarse, advirtieron que el Gobierno ahorraría plata para volcarla en obras para el pueblo. Ahora, en cambio, esos mismos salieron a renegar de esta gestión que iba a hacerlos pagar un impuesto, a pesar de que el esquema era el mismo: se iban a ver perjudicados, pero la Provincia iba a contar con más recursos para volcar a la comunidad. Hay grietas que el concreto no puede disimular.

Nudo a nudo
A primera vista, el alperovichismo enreda. Paga bien las obras públicas; pero paga mal los favores. Afirma un día que lo "justo" consiste en que todos paguen el Impuesto de Sellos; pero a la mañana siguiente ordena que se congele esa medida. Derogó el martes (tal como también lo reveló este diario) el decreto que hacía operativa la ley que en 1993 otorgó beneficios fiscales a la producción; pero la semana que viene deberá resucitar esa reglamentación. El viernes 14, en Hacienda y Presupuesto, dio sigiloso dictamen -favorable y unánime-, a la eliminación de esas exenciones tributarias; pero cuando llegó el jueves 20, en el recinto de sesiones, eso se había convertido en un despacho que no estaba sustentado en toda la información necesaria.
Cuando se mira bien, se advierte que, en realidad, el alperovichismo desteje instituciones para tejer su poder.