El sello de una decisión fallida

"Frenen el proyecto". El pedido del gobernador resonó en el teléfono de varios legisladores. La iniciativa de gravar con el impuesto a los Sellos a las operaciones financieras de sectores altamente productivos cayó por su peso propio. Alperovich, desde Buenos Aires, la desarticuló casi de la misma manera en que la elevó a la Legislatura, en silencio y sin medir las consecuencias.
Demasiado crispados están los ánimos de los contribuyentes como para observar que el Estado, día tras día, se va convirtiendo en un coloso que le quita el sueño, la rentabilidad y la previsibilidad a distintos sectores económicos, sólo por voracidad fiscal. Sin embargo, ningún referente del sector privado se anima a gritar sus quejas. Hay temor a que las inspecciones de Rentas sean más continúas que las habituales por el solo hecho de exteriorizar sus lamentos. Del otro lado del mostrador también existe está naciendo el temor, al de que los actos fallidos (como esta disposición de actualizar la normativa tributaria) sigan dinamitando la imagen de una gestión que en octubre cumplirá seis años. "Son buenas señales, que invitan a consensuar medidas con los empresarios", comentó a este columnista un encumbrado hombre del alperovichismo, al analizar la paralización de la iniciativa. Sin dudas, que esa decisión gubernamental es sólo eso, un freno. Será cuestión de tiempo, hasta que los ánimos se aplaquen cuando el Poder Ejecutivo insista con el proyecto. Mientras tanto, Rentas dejará de dar los certificados fiscales a los 63 beneficiarios de la exención sobre un padrón de 73.000 contribuyentes que tributan Sellos, según el Gobierno. La determinación la adoptó el Ministerio de Economía, a través del decreto 2.451/3 ("Los certificados carecen de validez a partir de la vigencia del presente decreto", se expresa).
"Vuelve a comisión, a un estudio más profundo para analizar la incidencia costo-beneficio", dijo ayer el presidente del oficialista bloque Tucumán Crece, Roque Alvarez, al confirmar el freno oficial. El costo político para la gestión pudo ser más elevado que el actual. El beneficio de su aplicación le hubiera dado a Rentas cerca de 1,3 millón mensual, una suba del 10% del promedio que se recauda por el cobro del impuesto a los Sellos.
La medida no fue fruto de la iluminación de un funcionario que se sentó, durante el fin de semana largo, a analizar cómo puede hacer el Gobierno para recaudar más. Hay una decisión política de avanzar con la actualización de normas tributarias que tiendan a incrementar la fiscalización y los ingresos.
"Todo será consensuado", le dijo ayer al mediodía el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla a los dirigentes de la Federación Económica de Tucumán (FET) convocados en la Casa de Gobierno. Los empresarios desconfían cada vez más. Miran el Boletín Oficial y leen: "las actividades desarrolladas por artistas, docentes conferencistas, talleristas y jurados que sean contratados por el Ente Cultural de Tucumán, bajo la modalidad de locación de obra, para la realización de tareas inherentes a su saber, tributarán el Impuesto sobre los Ingresos Brutos con la alícuota del cero por ciento (0%) al igual que en el Impuesto de Sellos respecto a los citados contratos de locación". En sí, no objetan que el Poder Ejecutivo le brinde un impulso mayor a la cultura, trayendo a la provincia a los máximos exponentes de distintas disciplinas. Creen, en todo caso, que también debe mirar puertas adentro para  facilitarle la vida a las actividades que sostienen la economía de Tucumán, antes de tomar medidas que afecten al productor, al inversor o al constructor.
El Gobierno tiene razón al sostener que, desde 1993, el contexto económico cambió en la Argentina, con períodos inflacionarios, de convertibilidad, de crecimientos y de recesiones. Y que, por esa razón, es necesario adecuar las normas tributarias a la nueva realidad. Pero también hay algo de razón en la generalidad de los planteos del sector privado   de que la situación de hoy no es la misma que la del período 2003-2007. El tema pasa porque ambos actores se sienten a dialogar respecto de qué es lo que el Estado pretende con los cambios impositivos y cuánto de presión fiscal está dispuesto a soportar el empresariado y el contribuyente común. Es el camino para establecer la verdadera relación de costo-beneficio de las decisiones políticas.