Un momento fundacional
La creación del CAM abre la posibilidad de despolitizar el acceso a la judicatura. Lucha en tres frentes. Por Federico Abel -Redacción LA GACETA.
Tucumán asiste a la posibilidad de sentar las bases de un nuevo paradigma en la forma de reclutar a los futuros miembros de la judicatura.
Por primera vez, y a pesar del agrio escepticismo de quienes piensan que no será erradicada la inmemorial cultura del acomodo discrecional, todos los interesados en la cobertura de los cargos -incluso quienes confíen que cuentan con el padrinazgo del dedo acomodador- deberán afrontar la responsabilidad de rendir un examen y de que sus antecedentes sean evaluados con la sociedad como espectadora. Esto implica que con la integración del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) está en juego algo más que la maquinal cobertura de una cincuentena de despachos: de la seriedad del desafío dependerá nada menos que la calidad humana -lo que comprende la formación jurídica y la insoslayable estatura ética- que ha de tener la Justicia provincial durante los próximos 15 años.
Prácticamente, se configurará al poder del Estado que tiene por mandato asegurar la supremacía de la Constitución, lo que exige controlar a los otros, para confianza y tranquilidad de la ciudadanía. Por eso, como toda aventura fundacional, la composición del primer CAM será determinante para que el fruto de la tarea selectora sean jueces tan idóneos como probos e independientes. ¡O todo lo contrario!
Dos tesis
Amén de que la Legislatura nombrará mañana a sus tres representantes -dos de ellos alperovichistas-, la designación de los otros tres consejeros ligados directa o indirectamente al Poder Judicial será fundamental; en particular de quien será la voz de los abogados (en esta capital o en el sur). La firmeza de este último permitirá mantener a raya -o poner en evidencia- las maniobras con las que, seguramente, el bloque oficialista dentro del CAM tentará al consejero de la Corte Suprema y al de los jueces inferiores. Por eso, dos tesis circulan entre la dirigencia del Colegio de Abogados de la capital.
La primera es que la Ley 8.197 no da suficiente seguridad de que el CAM será -en serio- independiente de los poderes políticos. Por ende, la mayor garantía es que el consejero por los abogados exprese -casi como en señal de alerta- la continuidad de la lucha que el estamento sostiene desde 2006 y que, por ejemplo, sólo vote por ternas de postulantes por cargo acéfalo, en disconformidad por el mecanismo del quinteto, impuesto por Alperovich. Este perfil -esgrimen algunos- condensan Antonio Bustamante o Francisco García Posse, ex presidente y ex secretario, quienes por su alto grado de exposición incomodan a algunos de los conductores de la entidad. La segunda línea argumental es que conviene un letrado que no signifique un revulsivo -incómodo- para la supuesta nueva etapa que se abre.
Otra incógnita es si las dos líneas internas (Alberdi-Moreno y Manuel Belgrano), en aras de mantener la unidad que en la materia expresan desde 2006, impulsarán un binomio común (titular y suplente) para el CAM o si deberán anticipar en las urnas -con el consiguiente desgaste- la interna que en 2010 protagonizarán por la vicepresidencia. Ya se barajan nombres como los de Carlos Caramuti o Raúl Martínez Aráoz, por ambos sectores, respectivamente.
Pasado, ¿pisado?
Entre los jueces inferiores las cosas son más complicadas. Si bien no todos están afiliados a la Asociación de Magistrados, la interna que persiste en esta repicará en la elección del consejero. Los dos sectores que la forman han mantenido posiciones insalvables, hasta el punto de que las voceras de la lista "Justicia y democracia" -en llamativa sintonía con los poderes políticos- hasta hace unos meses evidenciaban estar más afligidas -e interesadas- porque se nombraran jueces subrogantes (sin selección) que por la conformación del CAM. Por eso, un vocal de la Corte, también con el curioso argumento de que hay que superar el pasado -vaya a saber a cambio de qué-, propiciaría una fórmula transaccional entre aquella y la lista "Compromiso".
En el caso de la Corte, el telón de fondo es la soterrada lucha por la presidencia, que se renueva en octubre. La reelección de Gandur, curiosamente, sólo puede encontrar un óbice: las ansias de Antonio Estofán. A estas últimas sería funcional el "plan enroque". Este consiste en que Gandur, amén de ser desplazado de la conducción, renuncie a representar al tribunal en el Jury de Enjuiciamiento, para ser compensado con el consuelo de la presidencia del CAM, para lo cual también debería ceder el espacio en el Jury a René Goane, con el argumento -tardíamente samaritano y negador del pasado- de que este último así sería reivindicado luego del calvario que sufrió cuando el alperovichismo amenazaba con humillarlo en un juicio político.
El inconveniente es que la propia Corte, por medio de la acordada Nº 724, del 17 de setiembre de 2008, ya ha nombrado a Estofán como suplente de Gandur en el Jury. Eso sin contar lo paradójico que sería para la sociedad que, al mismo tiempo que se erige el CAM, con la finalidad institucional de despolitizar el acceso a la judicatura, el presidente de la Corte sea alguien que, además de ex funcionario (Estofán fue fiscal de Estado), se define como "amigo personal" del gobernador; es decir, como alguien que mantiene con él un vínculo calificado o íntimo. Un curioso concepto de calidad institucional se configuraría.







