Un trágico atentado que sigue sin castigo

La falta de castigo es la definición de impunidad, que está íntimamente ligada con la historia de los argentinos y es la madre de la transgresión que nos acosa y de los desencuentros. Ayer se llevó a cabo en Buenos Aires el postergado acto de conmemoración del trágico atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido el 18 de julio de 1994, a las 9.53, que dejó  un saldo de 85 muertos y 300 heridos. Este había sido suspendido oportunamente como medida de prevención debido a la pandemia de gripe A.
En su discurso y ante la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el titular de la AMIA involucró en sus críticas a dirigentes kirchneristas y al jefe de la ciudad de Buenos Aires. Cuestionó a la titular del Inadi, María José Lubertino, por reaccionar tardíamente frente a los actos antisemitas protagonizados a 2009 por el piquetero oficialista, Luis D’Elía. Le exigió al Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, que diera marcha atrás con la designación en la Policía Metropolitana de Jorge Palacios, un ex comisario de la Federal cuestionado por su actuación en la causa. Sin embargo, reconoció la tarea del fiscal Alberto Nisman que investiga la causa, así como la resolución de la Corte Suprema de Justicia por la cual el desarmador de autos Carlos Telleldín podría volver a ser juzgado. Este había sido absuelto el Tribunal Oral Federal Nº 3 junto a 22 acusados y a los 17 policías imputados. Se quejó de la falta de condena de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a Irán, país al cual se responsabiliza del atentado.
Destacó que tanto la Presidenta como el ex mandatario Néstor Kirchner denunciaron con dureza al régimen de Irán en las dos últimas Asambleas Generales de la ONU. "Denuncias que generaron gran conmoción en el recinto. Pero esa conmoción no se ve reflejada en los hechos. Es una farsa que debe terminar", reclamó y aseveró que con lo hecho hasta ahora no alcanza. La Presidenta por la memoria, la verdad y la justicia.
Como se recordará, la AMIA fue creada en 1894 por inmigrantes judíos, con el objetivo brindar ayuda y asistencia a las personas de esa comunidad que planeaban radicarse en la Argentina. En 1994, sus integrantes trabajaban en el cronograma de distintas actividades para celebrar el primer centenario de su creación.
El 17 de marzo de 1992, la comunidad judía había sufrido un atentado similar: una camioneta Ford F-100 había explotado frente a las puertas de la embajada de Israel y dejó un saldo de 27 muertos y más de 100 heridos. Era posiblemente un anticipo de lo que sobrevendría dos años después. El trágico episodio puso en evidencia la falta de preparación de la Corte Suprema de Justicia para llevar adelante con eficacia la investigación de un delito terrorista.
A lo largo de quince años, los responsables de la destrucción de la AMIA y de la muerte de sus víctimas siguen sin castigo. El proceso ha sufrido marchas y contramarchas que a esta altura, está claro que se ampararon en intereses inconfesables y ocultos para evitar llegar a la verdad.
En contrapartida, a sólo tres días del atentado terrorista del 11 de marzo de 2004, en la estación española de Atocha, ya se conocía a los autores. Ello demuestra que la Justicia, en otros países, es un poder en verdad independiente que está al servicio de la comunidad y no de los gobiernos de turno.
Los argentinos nos hemos acostumbrado a que muchos crímenes prosigan sin sanción. Se sabe que sin memoria ni justicia no se llega a la verdad. Una nación que se asienta en estos tres pilares puede construir una sociedad digna, donde un ciudadano sabe que un delito o un asesinato recibirán su castigo. La impunidad es hermana de la mentira y mientras estas sigan vivas en las acciones cotidianas las heridas seguirán abiertas.