Pedidos de auxilio

¿Burocracia, imprevisión o falta de interés? Lo que parecía una buena noticia -la apertura del centro de atención terapéutica para adictos en Las Moritas- quedó opacado por la revelación de que 1.400 adolescentes drogodependientes están a la deriva, porque se cayó el convenio entre el Gobierno y cuatro centros no gubernamentales de tratamiento.
Esto se supo en estos días, pero la mayoría de los expertos lo sabía y ninguno lo planteó públicamente, ilusionados como estaban con la idea de que las cosas estaban mejorando. Los sucesos de los últimos nueve meses parecían mostrar ese camino de cambio.
Cuando en diciembre explotó el escándalo del consumo de "paco" -el destructivo desecho de la cocaína- en los barrios de la Costanera, el Gobierno comenzó un operativo que incluía más acciones policiales contra los vendedores de drogas y más trabajo social con los adictos y sus familias. Y se comenzó a trabajar en forma coordinada desde el centro de tratamiento del hospital Avellaneda. Se enviaron a 100 psicólogos a los CAPS para que detecten los problemas de las adicciones.
Pero, al mismo tiempo, caía el convenio entre la Secretaría de Prevención de Adicciones -que dirige Alfredo Miroli- y las ONGs que recibían a los pacientes enviados por el Estado. Como el tema pasaba a depender de Salud, se esperó que el nuevo convenio viera la luz. Pero las epidemias  de dengue y de gripe A hicieron que todo se postergara.
Es más: la tarea del centro de día del hospital Avellaneda se desbordó, porque además de los chicos adictos con los que trabajaban ahora tienen que recibir a los 160 pacientes por mes que no pudieron ser derivados a las ONGs. Se vieron obligados a dar turnos de un mes a gente desesperada que necesita atención urgente.
El experto en Salud Mental Angel Uslenghi  criticó, además, que no se hayan dispuesto psiquiatras para detectar y atender la problemática en los centros de atención primaria. ¿Cómo resolver, apenas aparecen, los dramas fuertes de drogodependientes, de depresión, de posibles suicidios juveniles, de violencia, de alcoholismo?, se pregunta. ¿Con la clásica respuesta policial?
 El panorama es difícil. Recientes encuestas nacionales, de la Sedronar y de la consultora Ibope, revelan no sólo que aumentó el uso y abuso de drogas en el país desde 2001, sino que en Tucumán algunos consumos son superiores la media nacional, como el de marihuana. Los expertos de centros de atención de fuera de la provincia, como Betania, dicen que les estamos exportando adictos al "paco".
El Estado se encuentra entrampado en un problema muy serio: si el centro de atención de Las Moritas es para mayores de 18 años, que voluntariamente quieren ser ayudados, ¿qué pasará con la mayoría de menores de esa edad que tienen problemas con la ley y que no quieren tratarse porque no perciben que la droga sea algo maldito? (baste recordar que el sociólogo Alberto Calabrese advierte que el aumento del consumo de las drogas se vincula con la aceptación social que tienen en distintos grupos sociales).
Acá está uno de los problemas que el Gobierno aún no parece saber cómo resolver. El ministro de Salud, Pablo Yedlin, dijo que pronto habrá un centro para trabajar con menores. Pero ahora la buena voluntad está siendo desbordada por la realidad. El timbre de los pedidos de auxilio está en silencio. Pocos -o nadie- parecen saber cómo arreglarlo.