Los millones pasan, las deudas quedan

Para el Gobierno tucumano, los últimos nueve meses fueron como un parto. Desde fines de octubre, tuvo que ahorrar, en promedio, unos $ 878.000 por día para no caer en déficit fiscal. La campaña proselitista del 28 de junio pasado, prácticamente fue a costo cero. El Gobierno nacional la financió con dinero discrecional distribuido en obras públicas. Puede decirse que los dos senadores y los tres diputados le costaron a la Casa Rosada unos $ 500 millones (sí, cerca de $ 100 millones por banca en el Congreso), que fue la plata que llegó para ejecutar trabajos públicos, de esos que se ven y abundan en tiempos electorales y que, transcurrido el ruido de las votaciones se desaceleran con más fuerza que el impacto propio de una crisis financiera que carcome a la economía tucumana.
Agosto no será deficitario como habían previsto, originalmente, los técnicos del Ministerio de Economía. El Poder Ejecutivo llega con un mínimo de aire que le permitirá respirar un mes complicado, en una gimnasia propia de cualquier jefe de familia que debe llegar a fines de mes con plata en el bolsillo. Difícil será sin un préstamo. Más complicado tal vez si se mantiene cerrado el grifo del financiamiento. Por primera vez en cinco años, el gobierno kirchnerista ha retrasado el giro de fondos destinados a pagar las deudas con los acreedores. La remesa de $ 36 millones para este mes del Plan de Asistencia Financiera (PAF) se demoró más de lo debido. Y hay preocupación en la Casa de Gobierno porque es plata que tiene destino específico. Y temen que, con suerte, dentro de 10 días se regularice. Hasta entonces, habrá otra sangría (inesperada por cierto) en las cuentas fiscales tucumanas. ¿Y el colchón financiero? Bien, gracias. En el horizonte oficialista no hay novedades acerca de su uso. Algunos funcionarios comentan que el excedente de los años de vacas gordas está invertido en el sistema financiero. Si es así, alguien debería detallar cómo se invirtió. O, tal vez, precisar si servirá para la era de las vacas flacas.
El panorama de lo que se viene no es alentador. Con suerte, las transferencias de fondos coparticipables serán en los mismos niveles que los del año pasado. No se recauda siquiera ni por encima del ajuste inflacionario, lo cual denota el efecto de la crisis global en la actividad económica. Seguirá, no obstante, la fiscalización impositiva, esa que está agobiando a los pequeños, medianos y grandes contribuyentes. Aún más, el Estado avanzará con las ejecuciones judiciales ni bien se cierre la moratoria, el 14 de octubre.
La Nación está pagando algunas deudas electorales. Por caso, hubo una reasignación presupuestaria de $ 240 millones destinada a financiar, en gran medida, el gasto de capital y, en unos $ 80 millones, los sueldos de varios municipios argentinos. La norma, publicada en el Boletín Oficial de la Nación, no precisa qué intendencias serán las beneficiadas, pero sí que serán sacadas de las transferencias que se realizan a las empresas automotrices, de las partidas del Ministerio de Defensa y de los recursos de la asistencia social (casi $ 70 millones).
Más inquietud hay en las provincias con la decisión nacional de hacer marcha atrás al "tarifazo" en los servicios. Esa medida implicará mayor asignación de subsidios a las empresas de electricidad y de gas y menores transferencias a las provincias. En suma, la situación -a todas luces- asoma como complicada en la que la Nación intentará salvar la nave insignia, mientras el resto de la flota (las provincias) van hundiéndose en el mar de las incertidumbres fiscales.