Palabras estafadas, oídos prestados

La instauración de un nuevo Consejo Asesor de la Magistratura entró en un período de definiciones. Detrás, queda una historia signada por los peligrosos antojos antirrepublicanos del alperovichismo. Caprichos que llevaron al Poder Judicial al borde del colapso: si hubieran fijado un CAM equilibrado en la Carta Magna de 2006, o si hubieran decidido crearlo por ley (como ahora) después del fallo que declaró inconstitucional varios institutos de la Constitución, los tribunales no estarían hoy soportando 34 acefalías. Pero el oficialismo prefirió que los tucumanos y sus instituciones perdieran tres años de normalidad.
La sociedad ha pagado un costo inmerecidamente alto a cambio de que se presentara en la Legislatura un proyecto para que la provincia contara con un órgano pluriestamental que asesore al Ejecutivo en la selección, por concurso, de candidatos a cubrir judicaturas. El precio pagado ha sido, otra vez, el desangramiento de la palabra oficial. El gobernador, José Alperovich, había dicho una y mil veces, en tono de severa denuncia, que los abogados que litigaban no debían, jamás, intervenir en la designación de magistrados. "Yo quiero jueces independientes", machacaba.
Esta semana, pidió a los legisladores que incluyeran un letrado dentro del ente en cuestión.
El discurso oficial debería ganar algo de prudencia. El Gobierno demonizó a los colegios de abogados con una diatriba que, se ve ahora, estaba fundada en falsas convicciones. La prensa ha sido no pocas veces presa de denostaciones de tono similar.
Lo sustancialmente grave es que la palabra del Gobierno, en definitiva, es una palabra pública. Y si resulta que, de un día para otro, las entidades que nuclean a los letrados pasan de ser corporaciones lobbystas a instituciones a las cuales les corresponde uno de los seis escaños del CAM, la situación se torna esquizofrénica. La palabra pública se vacía de contenido. Se pierde. Y un gobierno sin palabra es un gobierno que, en verdad, nada dice.
Mala cosa para el sistema si, como ilustra el politólogo italiano Giovanni Sartori, se tiene en cuenta que la democracia se construye con opiniones.

Reparando el diálogo
El Gobierno se acordó del diálogo el 28 de junio, tras los comicios en los que no consiguió el 65% de los votos ni obtuvo las cuatro diputaciones. Por el contrario, perdió 150.000 sufragios respecto de la reelección de agosto de 2007, producto de haber creído que detentar el monopolio de la fuerza a partir del manejo del Estado lo habilitaba a establecer un monopolio de la palabra.
La lección sirvió para volver a tender puentes con los colegios de abogados, que el jueves le manifestaron al dialoguista ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, que están siendo asfixiados financieramente.
Los dirigentes profesionales plantearon que la modificación en el sistema de cobro de los bonos profesionales (en la primera gestión de Alperovich se estableció que deben ser pagados no al inicio de las actuaciones judiciales sino al final del juicio, luego de que se dicte sentencia) ha repercutido de manera muy negativa en las arcas de la institución. El resultado: crece año a año el número de profesionales, pero no pueden nombrarse más empleados para atenderlos ni mucho menos brindarse nuevos servicios. En otras palabras, el sabotaje planeado por el poder político fue alcanzado plenamente.
De la revisión de las muchas políticas oficiales de hostigamiento depende que la proclama gubernamental de buscar consensos gane alguna credibilidad.

Afinando el oído
Si bien la palabra del Gobierno está en coma, lo que parece haber sido recuperado es el oído oficial. Porque lo cierto es que, en el Ejecutivo y en la Legislatura, la mejor explicación que tienen respecto de la decisión de darle un lugar a los abogados en el CAM consiste en que el mandatario escuchó a sus amigos y a la Corte.
Una versión que cobró cuerpo con el correr de los días es que el propio presidente de la Corte, Antonio Gandur, habría formulado una suerte de "pedido inflexible" por medio de Antonio Estofán, interlocutor del alto tribunal con el Ejecutivo: debía haber un representante de los profesionales del derecho en el CAM.
Alperovich decidió hacer caso y el resultado sorprendió a los mismísimos vocales del alto tribunal: el jueves, en reunión de Corte, René Mario Goane (es el que resistió estoicamente el patoteril intento de juicio político con que el alperovichismo quiso vapulearlo el año pasado), habría calificado como "indiscutible" la integración del CAM que el oficialismo ya ingresó como proyecto de ley: dos jueces (un vocal de la Corte y un camarista), un abogado y tres legisladores (dos del oficialismo y uno de otro bloque).
En rigor, a Alperovich le habrían acercado una segunda variante, consistente en agregar a ese esquema otros tres integrantes: dos abogados (uno por el colegio de la capital y otro por el del sur) y un miembro del Poder Ejecutivo. Pero el gobernador habría rechazado la posibilidad de poner a un funcionario en el CAM, para evitar suspicacias.
Por cierto, aunque todo el arco oficialista apoyará y elogiará la actitud del mandatario, no son pocos los que asumen que "se está resignando mucho": nada menos que la discrecionalidad para nombrar jueces. Por eso, en el Poder Judicial admiten que, por más imperfecto que sea (y, sobre todo, porque al ser creado por ley puede ser perfeccionado por ley), el CAM implica una sana autolimitación. Un avance, sobre todo comparado con el sistema impuesto por el oficialismo en 2003, reducido a un listado en el que se anotaban abogados en Casa de Gobierno para que Alperovich eligiera al que le gustase.

Velando las armas
Para que el estamento de los abogados tuviera un lugar en el CAM, la que de verdad entregó algo fue la Corte: resignó uno de los dos vocales en él órgano para que los letrados tuvieran un lugar. En el enroque, el poder político no cedió espacios de poder: sigue manteniendo tres legisladores. Justamente, la pelea que ya se libra en el parlamento tucumano refiere a la elección del parlamentario por la minoría.
El presidente de FR, Ricardo Bussi, hizo pública esa batalla cuando pidió formalmente que al legislador de la minoría lo elijan los que están fuera de la bancada Tucumán Crece. En el entorno del ex senador explican que el oficialismo ya avisó que piensa darle ese lugar o al alperovichista Carlos Canevaro (unibloque Unión Norte Grande) o a Luis José Bussi, que creó el unibloque Republicano luego de renunciar al partido que conduce su hermano, donde -rememoran los ricardistas- tenía pedidos de expulsión por su apoyo a proyectos del oficialismo, incluyendo una nueva reforma constitucional.
El propio Ricardo Bussi tenía aspiraciones de integrar el CAM, pero frente a las variantes del oficialismo, decidió apoyar a Esteban Jerez para ese puesto.

Allanando el camino
En la película por la cobertura de las vacantes judiciales, la discusión por el CAM es sólo la mitad del rollo. La advertencia que ha ganado los pasillos es que la designación del primer juez por concurso puede demorar más de un año, y que en Tribunales no hay margen para tal espera.
La tardanza se calcula teniendo en cuenta que debe organizarse y concretarse la votación en que los abogados elegirán su representante, a lo que se suma que el CAM debe elaborar su reglamento interno, mientras se estructura administrativamente. Y luego deben ser elaborados y sustanciados los concursos en sus tres etapas: antecedentes, oposición y entrevistas.
En otras palabras, lo que se viene es un régimen de subrogancias para el Poder Judicial tucumano. Es decir, un sistema por el cual las acefalías (que seguirán incrementándose con las jubilaciones por venir) serán cubiertas temporalmente por profesionales del derecho, hasta tanto se designen a los titulares mediante los mencionados concursos.
Al respecto, caben dos posibilidades. Una es que el propio CAM se encargue de designar a esos subrogantes, mediante un expedito sistema de análisis de antecedentes profesionales y académicos y una entrevista personal a los postulantes. La otra es que la propia Corte se encargue de organizar el mecanismo, pero esta última posibilidad demanda una modificación de la Ley Orgánica de Tribunales y, además, encuentra resistencias entre los vocales del alto tribunal.
Lo que si es unánime es que debe darse una solución inmediata a las vacancias tribunalicias. Y esa conciencia se alimenta de dos necesidades. La primera, más urgente y más evidente, es que urge normalizar el servicio del Poder Judicial. La segunda es que, una vez que eso ocurra, podrá por fin actualizarse la tasa de justicia, cuyos valores (a pesar de que la legislación fija que pueden revisarse cada tres meses) datan de 1993. Claro, no piensan triplicarla, pero una suba de, por ejemplo, el 45%, significaría unos $ 3 millones más en recursos para la administración.
La Justicia tiene necesidades en materia judicial y también en materia de poder. El CAM por venir casi es una criatura anhelada.