01 Agosto 2009 Seguir en 
En las últimas dos semanas, se han producido hechos que han generado inquietud en la comunidad, vinculados con armas y artefactos de fuego. Hace unos diez días, en Los Aguirre, se habían encontrado cuatro panes de trotyl. El martes pasado, dentro de una alcantarilla ubicada en la esquina de avenida Avellaneda y Santiago del Estero, dos operarios municipales que efectuaban tareas de mantenimiento descubrieron dos granadas de fabricación española EA-M5 que se hallaban en condiciones de detonar. Los bomberos las encintaron para evitar que accidentalmente alguien tirara de las espoletas. Se informó que las granadas eran casi nuevas y se cree que habían sido tiradas horas antes a la bocatormenta, porque el agua no las había afectado.
El jueves, en El Colmenar, detrás de las grutas de la Difunta Correa y de El Gauchito Gil, donde nace la ruta 305, se halló una granada FM-K1, que se emplea para lanzamiento con morteros. Afortunadamente el artefacto no podía ser detonado.
A estos episodios se suma la desaparición de dos pistolas ametralladoras, un fusil y dos escopetas en la Regional Norte. En los primeros días de julio se había iniciado por ese motivo una auditoría. Examinando los libros de registro se detectó que de un cajón que estaba en una oficina que funciona como armería habían desaparecido dos PA3, un fusil automático liviano, calibre 7,62 y dos escopetas con sistema de chimaza.
Según se informó, las ametralladoras habían sido adquiridas durante el período 1975-1977, el fusil en 1998, una de las escopetas en 1994 y la otra en 2004.
La Justicia está investigando el caso y, al parecer, aún no hay pistas concretas que permitan su esclarecimiento. La cerradura no había sido forzada y la puerta estaba intacta, de acuerdo con los informes. El subjefe de Policía dijo que durante años el registro de bienes de la fuerza fue desastroso. Añadió que ellos habían ordenado la realización de un inventario, que es el que ha permitido detectar la ausencia de estas armas. Sin embargo, admitió que no se puede afirmar que estas fueron robadas, podría existir la posibilidad de que hayan sido llevadas a otra dependencia sin que hubiese quedado asentado en alguna parte o comunicado a un superior. En la Policía, incluso se desconoce desde cuándo faltan esas armas, y sospechan que pueden ser desde años.
Por cierto, no es la primera vez que ocurre un episodio de esta naturaleza. En setiembre de 2008, descubrieron que armas que debían haber estado en la sección Secuestros Judiciales, habían sido vendidas a delincuentes, y aparecieron en Buenos Aires. El hallazgo su produjo por un doble cruce de información entre los Registros de Armas Nacional y Provincial. Como señalamos en nuestra edición de ayer, a partir de ese momento comenzó la informatización de esa sección. De acuerdo con fuentes policiales, hasta la semana pasada habían sido clasificadas unas 2.300 armas secuestradas, todas sujetas a procesos judiciales. Como se recordará, la ley prescribe que cuando el proceso culmina, las armas deben destruirse.
Creemos que estos hechos deben ser investigados en profundidad. Se sabe que las granadas halladas en la vía pública son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, es decir que no las tienen las Policías provincial y federal ni la Gendarmería, lo cual permitiría restringir la investigación a un área específica.
Por otro lado, la Policía debería completar el inventario iniciado y realizar en forma permanente un estricto control de sus armas. Es inconcebible que estas puedan ser llevadas a otra dependencia sin que ninguna jerarquía de la fuerza lo sepa o lo autorice. Consideramos que es imperioso que la Justicia dilucide estos casos a la brevedad para llevar, de ese modo, tranquilidad a la sociedad.
El jueves, en El Colmenar, detrás de las grutas de la Difunta Correa y de El Gauchito Gil, donde nace la ruta 305, se halló una granada FM-K1, que se emplea para lanzamiento con morteros. Afortunadamente el artefacto no podía ser detonado.
A estos episodios se suma la desaparición de dos pistolas ametralladoras, un fusil y dos escopetas en la Regional Norte. En los primeros días de julio se había iniciado por ese motivo una auditoría. Examinando los libros de registro se detectó que de un cajón que estaba en una oficina que funciona como armería habían desaparecido dos PA3, un fusil automático liviano, calibre 7,62 y dos escopetas con sistema de chimaza.
Según se informó, las ametralladoras habían sido adquiridas durante el período 1975-1977, el fusil en 1998, una de las escopetas en 1994 y la otra en 2004.
La Justicia está investigando el caso y, al parecer, aún no hay pistas concretas que permitan su esclarecimiento. La cerradura no había sido forzada y la puerta estaba intacta, de acuerdo con los informes. El subjefe de Policía dijo que durante años el registro de bienes de la fuerza fue desastroso. Añadió que ellos habían ordenado la realización de un inventario, que es el que ha permitido detectar la ausencia de estas armas. Sin embargo, admitió que no se puede afirmar que estas fueron robadas, podría existir la posibilidad de que hayan sido llevadas a otra dependencia sin que hubiese quedado asentado en alguna parte o comunicado a un superior. En la Policía, incluso se desconoce desde cuándo faltan esas armas, y sospechan que pueden ser desde años.
Por cierto, no es la primera vez que ocurre un episodio de esta naturaleza. En setiembre de 2008, descubrieron que armas que debían haber estado en la sección Secuestros Judiciales, habían sido vendidas a delincuentes, y aparecieron en Buenos Aires. El hallazgo su produjo por un doble cruce de información entre los Registros de Armas Nacional y Provincial. Como señalamos en nuestra edición de ayer, a partir de ese momento comenzó la informatización de esa sección. De acuerdo con fuentes policiales, hasta la semana pasada habían sido clasificadas unas 2.300 armas secuestradas, todas sujetas a procesos judiciales. Como se recordará, la ley prescribe que cuando el proceso culmina, las armas deben destruirse.
Creemos que estos hechos deben ser investigados en profundidad. Se sabe que las granadas halladas en la vía pública son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, es decir que no las tienen las Policías provincial y federal ni la Gendarmería, lo cual permitiría restringir la investigación a un área específica.
Por otro lado, la Policía debería completar el inventario iniciado y realizar en forma permanente un estricto control de sus armas. Es inconcebible que estas puedan ser llevadas a otra dependencia sin que ninguna jerarquía de la fuerza lo sepa o lo autorice. Consideramos que es imperioso que la Justicia dilucide estos casos a la brevedad para llevar, de ese modo, tranquilidad a la sociedad.







