Chávez profundiza su ofensiva contra los medios

CARACAS.- El gobierno de Hugo Chávez abrió procedimientos administrativos contra 250 emisoras de radio AM y FM, además de 10 televisoras VHF y 35 UHF, por no haber actualizado sus datos ante la Comisión de Telecomunicaciones. Mediante estos procedimientos se buscará restituir al Estado las licencias de las empresas de radio y TV. Así sucedió en 2007, cuando la televisora privada RCTV salió del aire al vencer su licencia de transmisión que el gobierno se negó rechazó renovar. Su frecuencia fue entregada a la televisora de servicio público Tves.
Este procedimiento configura un nuevo paso en la ofensiva que ha lanzado el gobierno contra los medio. Hace dos días sancionó a la TV privada Globovisión y a otras seis emisoras por difundir una campaña de defensa de la propiedad privada, que el gobierno consideró engañosa y nociva para la salud mental de los venezolanos.
Mayor sanción
Paralelamente, la fiscal general  Luisa Ortega anunció que le pedirá al Parlamento una ley sobre delitos mediáticos, en la que  se tipifiquen acciones y conductas que puedan ser juzgados como faltas penales. La fiscal lamentó que algunos mensajes que transmiten los medios sólo puedan castigarse con sanciones administrativas y no penales. "Los medios de comunicación tienen que educar, distraer, recrear e informar de manera objetiva, imparcial y verazmente", aseveró Ortega en su programa semanal de radio.
Ayuno de protesta
En otro orden, el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, cumple hoy su tercer día de huelga de hambre en la sede de la OEA, en Caracas, para pedir la intervención del ente hemisférico "ante la inestabilidad de la democracia venezolana". Ledezma, a quien el gobierno central despojó de casi todas sus facultades, dijo que Chávez mira hacia Honduras, pero no reconoce los votos que lo invistieron autoridad metropolitana. Ledezma pidió que una comisión de la OEA observe "la grave situación por la que está atravesando la democracia" y que se verifique cómo en su caso el gobierno y el resto de los representantes de los poderes públicos se burlan de la soberanía popular. (DPA)