25 Mayo 2009 Seguir en 
CONCEPCION.- El fiscal Edgardo Sánchez, del Centro Judicial local, podría formalizar mañana ante el juez de Instrucción de turno la requisitoria de elevación a juicio oral de la causa que investiga el hurto de $ 9.700 de la fiscalía de Instrucción de la III Nominación. En el caso aparece procesada una empleada de la oficina judicial, quien confesó ser la autora de la sustracción.
La joven argumentó que se trató -en principio- de una broma que intentó hacerle al secretario Favio Geria para asustarlo. Pero al advertir las consecuencias graves y la conmoción que causó el descubrimiento del hurto, se asustó y decidió ocultar lo que hizo. El representante del Ministerio Público dijo que tiene los elementos necesarios para elevar el pedido de juicio al juez Raúl Fermoselle. "Disponemos afortunadamente de la confesión y del dinero sustraído. Se trabajó con urgencia y mucha dedicación por parte de mis empleados y la policía", apuntó Sánchez.
La acusada, en tanto, pidió a la Corte Suprema de Justicia una licencia hasta tanto se defina su situación procesal y asumió en forma exclusiva la responsabilidad de lo ocurrido. Según Sánchez, la empleada no fue detenida ya que está imputada de un delito excarcelable. Además, el fiscal observó que no existe ningún peligro procesal que justifique su aprehensión. La muchacha, cuando se presentó ante el fiscal Sánchez, lo hizo con los $ 1.000 que faltaban en el sobre devuelto el miércoles a la noche en la guardia de los tribunales. La entrega, encomendada por una pareja desconocida, la hizo un joven que trabaja en un estacionamiento de motos ubicado en el centro.
Otro escándalo
El hurto de los $ 9.700 adquirió mayor resonancia al suscitarse en una fiscalía que está intervenida desde el año pasado.
La fiscala Eva Frías de Ruiz, de esa dependencia, enfrenta graves cargos que objetan el desempeño de sus funciones. Estos surgieron de una auditoria que ordenó realizar la Corte Suprema de Justicia, ante una denuncia hecha por el agricultor Dante Cebes, víctima de un violento asalto que sufrió en enero del año pasado en su domicilio de Alberdi. Cebes acusó a Frías de Ruiz de haber dejado en libertad a los acusados del atraco sin siquiera haber sido convocado a reconocerlos. Frías de Ruiz, quien se mantiene en silencio, prepara un pormenorizado informe que elevará a la Corte en torno de las acusaciones que se le formuló luego de la auditoría firmada por el camarista Emilio Páez de la Torre. Con su exposición tratará de evitar que el alto tribunal la sancione o le pida el juicio político. De todos modos el Colegio de Abogados del Sur está decidido a impulsar la remoción de Frías de Ruiz ante la comisión de Juicio Político de la Legislatura. La presentación la formalizará apelando a los cargos que surgen de la auditoría que se le practicó a la fiscalía a cargo de la funcionaria.
La entidad de letrados convocará a sus asociados a una reunión extraordinaria en la que se decidiría la requisitoria de destitución de la fiscala. "La mayoría de los colegas no tiene dudas de que existen elementos suficientes para pedir el juicio político. Los reticentes son escasos", dijo el presidente de la institución Alejandro Molinuevo. (C)
La joven argumentó que se trató -en principio- de una broma que intentó hacerle al secretario Favio Geria para asustarlo. Pero al advertir las consecuencias graves y la conmoción que causó el descubrimiento del hurto, se asustó y decidió ocultar lo que hizo. El representante del Ministerio Público dijo que tiene los elementos necesarios para elevar el pedido de juicio al juez Raúl Fermoselle. "Disponemos afortunadamente de la confesión y del dinero sustraído. Se trabajó con urgencia y mucha dedicación por parte de mis empleados y la policía", apuntó Sánchez.
La acusada, en tanto, pidió a la Corte Suprema de Justicia una licencia hasta tanto se defina su situación procesal y asumió en forma exclusiva la responsabilidad de lo ocurrido. Según Sánchez, la empleada no fue detenida ya que está imputada de un delito excarcelable. Además, el fiscal observó que no existe ningún peligro procesal que justifique su aprehensión. La muchacha, cuando se presentó ante el fiscal Sánchez, lo hizo con los $ 1.000 que faltaban en el sobre devuelto el miércoles a la noche en la guardia de los tribunales. La entrega, encomendada por una pareja desconocida, la hizo un joven que trabaja en un estacionamiento de motos ubicado en el centro.
Otro escándalo
El hurto de los $ 9.700 adquirió mayor resonancia al suscitarse en una fiscalía que está intervenida desde el año pasado.
La fiscala Eva Frías de Ruiz, de esa dependencia, enfrenta graves cargos que objetan el desempeño de sus funciones. Estos surgieron de una auditoria que ordenó realizar la Corte Suprema de Justicia, ante una denuncia hecha por el agricultor Dante Cebes, víctima de un violento asalto que sufrió en enero del año pasado en su domicilio de Alberdi. Cebes acusó a Frías de Ruiz de haber dejado en libertad a los acusados del atraco sin siquiera haber sido convocado a reconocerlos. Frías de Ruiz, quien se mantiene en silencio, prepara un pormenorizado informe que elevará a la Corte en torno de las acusaciones que se le formuló luego de la auditoría firmada por el camarista Emilio Páez de la Torre. Con su exposición tratará de evitar que el alto tribunal la sancione o le pida el juicio político. De todos modos el Colegio de Abogados del Sur está decidido a impulsar la remoción de Frías de Ruiz ante la comisión de Juicio Político de la Legislatura. La presentación la formalizará apelando a los cargos que surgen de la auditoría que se le practicó a la fiscalía a cargo de la funcionaria.
La entidad de letrados convocará a sus asociados a una reunión extraordinaria en la que se decidiría la requisitoria de destitución de la fiscala. "La mayoría de los colegas no tiene dudas de que existen elementos suficientes para pedir el juicio político. Los reticentes son escasos", dijo el presidente de la institución Alejandro Molinuevo. (C)







