Las propuestas de disminuir la edad de los jóvenes presuntamente infractores a la ley impresionan como soluciones fáciles y baratas, sólo útiles para aliviar momentáneamente el peso de los reclamos sociales de seguridad ciudadana. Pero son inútiles para mejorar los estándares de seguridad y para abordar con seriedad esta problemática.
Estos proyectos parecen transmitir la idea de que una simple reforma legislativa, un cambio en los papeles en los que se escribe la ley, transformará mágicamente la realidad de los niños, niñas y jóvenes argentinos y nos permitirá vivir en seguridad.
En realidad, así se desvía la atención del verdadero problema. Antes de proyectar el encarcelamiento o “institucionalización” de más niños y niñas argentinos -propósito en que se traslucen en estas propuestas- debería consultarse si las estructuras y políticas estatales son suficientes siquiera para los adolescentes ya involucrados en el sistema penal. Un proyecto serio debería partir de establecer, en primer lugar, esas estructuras y mecanismos capaces de responder satisfactoriamente a las necesidades sociales que el Estado argentino se ha comprometido a satisfacer al adoptar y ratificar la Convención Internacional de los Derechos del Niño.
Una acción estatal que tuviera por efecto encarcelar a más niños, niñas y jóvenes sólo para internarlos sistemáticamente en instituciones que muchas veces funcionan como verdaderas cárceles y ambiente propicio para el aprendizaje de más formas delictivas, no sólo parecería ilegítima sino -por lo menos- socialmente destructiva.
