Está claro: con esta polémica lanzada a los medios de comunicación, lo que buscan las autoridades de la provincia de Buenos Aires es desviar la atención de las falencias que tienen en su sistema de seguridad. Atender el reclamo bajando la edad de imputabilidad sería como lavarse las manos y tirarles el problema a los jueces. Pero no hará bajar los indicadores de delitos, porque ningún posible delincuente lleva el Código Penal bajo el brazo.
Esos que piden a los gritos que se baje la edad de imputabilidad deberían entender que la seguridad no se construye con represión y castigo. La Convención Interamericana de Derechos Humanos exige al Estado brindar las medidas de protección especial que “la familia o la sociedad no le prestaron al niño”, intentando una respuesta más humana y profesional a la exclusión y la marginalidad en la que viven millones de argentinos en este país desigual.
Mal pueden pedir medidas represivas cuando ni siquiera dispusieron un estudio sobre el impacto de la pobreza, el hacinamiento, la falta de escolarización y el abandono en las vidas y las mentes de esos menores que sobreviven en las calles, y cuyos derechos son despreciados por quienes debían protegerlos. Hacen falta políticas públicas para dignificarlos como seres humanos, y un estudio serio de las causas de la criminalidad que contemple la atención especializada de aquellos que se enfrentan con la ley. Estos deben permanecer en un sitio digno con planes de contención y educación previamente elaborados por especialistas.
