Como tantas otras, esta es, sin duda, una historia de incumplimientos, de marchas y contramarchas y, por momentos, de falta de reglas claras. El conflicto comenzó a gestarse hace varios lustros y el final aún sigue abierto. Todos los años, se producen amenazas de desalojo a los puesteros del Mercado de Norte e incluso, enfrentamientos entre estos y personal municipal y policial. Se entrecruzan reproches mutuos.
El Mercado del Norte, que se halla protegido por la ordenanza municipal 1.773/91, se construyó en 1880 sobre los terrenos que ocupaba, desde mediados del siglo XIX, el Mercado del Algarrobo, y que pertenecían a la ciudad. A comienzos del siglo XX, el edificio no resultaba apto para el movimiento comercial de la zona y el intendente Roque Raúl Aragón decidió tirarlo abajo y construir otro. El edificio actual fue inaugurado el 9 de diciembre de 1939 por el entonces intendente José Lozano Muñoz. En esos momentos era uno de los mejores mercados de Sudamérica por sus cámaras frigoríficas y otros adelantos tecnológicos y arquitectónicos. Tenía 250 puestos, de los cuales en la actualidad quedan menos de 100. La inauguración -según recuerda la crónica periodística- hizo madrugar a miles de tucumanos ansiosos por recorrer el moderno centro de abastecimiento.
Con el tiempo, por falta de inversiones y de mantenimiento adecuado, se fue deteriorando. En enero de 2008, se anunció que el Mercado del Norte se convertiría en un moderno centro de compras. El plan de la actual intendencia incluía, además de la erradicación de los vendedores ambulantes, mejoras en las tres cuadras de la peatonal Isauro Martínez (Mendoza, entre 25 de Mayo y Junín). Según el secretario municipal de Gobierno, la intención era jerarquizar el mercado, regularizarlo y refuncionalizarlo para una gestión moderna; que sea sustentable para sus ocupantes y para el municipio. Explicó en esa oportunidad que no se renovarían en octubre de ese año las concesiones a los puesteros. Recordó que en 1998, mediante una ordenanza, se les otorgó la concesión por siete años, con opción a tres más. La norma generaba una serie de obligaciones, entre las cuales se encontraba la de realizar inversiones en el establecimiento. Ese año, los locatarios debían invertir $ 500.000 para mejorar el edificio, pero no lo hicieron. En 2003, sólo 40 puesteros pagaron la deuda con la Municipalidad. En 2004, el 30 % de los comerciantes no cumplía sus obligaciones y en 2006 dijeron que iban a invertir $ 7 millones. En la actualidad, son 110 los puestos que funcionan en el Mercado, donde trabajan 500 vendedores. El 30 % de los puestos está en regla, según la Municipalidad y el canon más alto que pagan los puesteros es de $ 400.
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán anunció que desalojará a los puesteros el 31 del corriente porque ese día vencen los contratos de concesión y -según los funcionarios- no serán renovados. Contra esta iniciativa, los puesteros abrieron causas en la Justicia y una de sus pretensiones puede paralizar el proyecto de la intendencia. Solicitan que la Justicia ordene a la Municipalidad que se abstenga de ordenar administrativamente, y de realizar de hecho, el desalojo parcial o total del edificio hasta que se resuelva el amparo. En 2008, los locatarios tomaron dos veces el edificio en señal de protesta.
La Municipalidad debe buscar los medios y las salidas necesarias para evitar un conflicto social de grandes proporciones si decide efectuar el desalojo, apelando al diálogo como herramienta indispensable para llegar a un entendimiento. La modernización siempre tiene su costo, pero hay que tratar de que sea el menor posible a nivel humano.
