"La república deforme"

En los primeros tiempos de la restauración democrática, la proyección de "La república perdida" se constituyó en un éxito formidable de boletería. Ese documental se proponía reconstruir la destrucción institucional del país entre 1930 y 1976. Por ella, millones de argentinos entendieron lo que había pasado durante ese ciclo de alternancia de gobiernos civiles y dictaduras militares. El alfonsinismo cimentó buena parte de su consolidación inicial en el mensaje de la película, de indudable tinte político. El relato contribuyó, además, a crear conciencia sobre las virtudes del estado de derecho, que era un exotismo en la Argentina.
Si a 25 años de la vuelta de la democracia se filmara un nuevo documental, esta vez focalizado en la realidad tucumana, bien podría versar sobre "La república deforme". La pérdida del formato institucional no es obra de la casualidad, sino de un gobernador de origen democrático, pero adicto a la transgresión de las reglas de juego.
Sólo importa la voluntad política del Ejecutivo y nada más, en esta etapa de la vida pública.
José Alperovich se instituyó en el eje de la gobernabilidad y de su alteración. La autonomía de las municipalidades se erigió en uno de los caballitos de batalla del alperovichismo para justificar la reforma de la Constitución de 1990. Arrasó en el interior con esta bandera y la de la reelección de los caudillejos comarcanos, pero la historia siguió otro curso.
Los intendentes se transformaron en rehenes del gobernador, por la vía de las finanzas y por la vía de la política. Los pactos fiscales acogotaron a los funcionarios electivos. Durante 2008 ocurrieron algunas cosas que demostraron de manera inapelable que la autonomía es letra muerta, y que la capacidad de gobernar de los jefes municipales está sujeta al veto de la jerarquía política superior.

En el sube y baja
El episodio más cercano gira en torno del súbito freno impuesto por Alperovich a la decisión municipal de dar vía libre a la instalación de un horno crematorio en Yerba Buena. Aceptó las quejas de los disidentes y anunció el viraje, que desacomodó al intendente Daniel Toledo. Refunfuñando, él y sus concejales debieron asimilar el mandoble del mandamás. La empresa que iba a explotarlo no ocultó su desconcierto en forma pública. ¿Y la seguridad jurídica? En la misma ciudad, otras protestas vecinales que se oponían a emprendimientos comerciales no hallaron igual sensibilidad en la Casa de Gobierno.Toledo pagó el costo político de la intransigencia. En esta ciudad, Domingo Amaya vetó una ordenanza que apadrinaba Alperovich. Este emplazó a los ediles oficialistas a que insistieran con la ordenanza que habilitaba la apertura de un supermercado en 25 de Mayo al 300. El intendente rebelde no levantó más la cabeza, pero no renunció a su militancia en el kirchnerismo ortodoxo.
Distinto trato recibió Luis Morghenstein, intendente de Las Talitas, a quien el gobernador avaló, aun cuando aclaró que la Justicia debía investigar las irregularidades que se le atribuyen. Sospecha el oficialismo que la diputada Stella Marys Córdoba motoriza parte de la ofensiva en contra del leal a Alperovich. Esto revela que la vara para medir cada situación es distinta.

El enredo no se destraba
La prolongación de la crisis en el Poder Judicial es otra muestra del esquema de "república deforme" que encuadra las instituciones en Tucumán. El pleito ganado por el Colegio de Abogados en la Corte Suprema de Justicia en torno de la inconstitucionalidad del sistema de designación de magistrados no hizo más que revitalizar el proyecto alperovichista de quebrar la independencia de los jueces.
La Constitución de 2006 excluyó al Poder Judicial de la posibilidad de darse su presupuesto, mientras se había apartado al Colegio de Abogados del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), estructura que hasta diciembre de 2003 garantizaba una Justicia despolitizada. La Ley 8.136 que crea la figura de los jueces interinos o subrogantes, que reemplazan a quienes se jubilan, emergió como la llave elegida por el Gobierno para cumplir con sus objetivos, sin asesoramiento alguno. Es la vía para colocar los amigos del poder político.
La oposición tenaz de los letrados exarcebó a los halcones del oficialismo legislativo. El vicepresidente primero de la Cámara, Regino Amado, habló de la intervención federal al Poder Judicial si se trababa el mecanismo de la Ley 8.136, a causa de la oposición de los colegios de los letrados.
Amado es el tercero en la sucesión constitucional de Alperovich y no disimuló su rencor hacia quienes no dejan que el alperovichismo haga lo que quiera con el Poder Judicial.
Desde el sur surgió también otra declaración que puso más leña al fuego. Raúl Hadla quiso presionar a los colegios de abogados para que no ejercieran su derecho constitucional de impugnar lo que les parece cuestionable, con la amenaza de resucitar un proyecto de ley que los priva del control de la matrícula profesional. Hadla y Amado están muy ligados con el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, en una línea de recia confrontación con los abogados. Mansilla, por lo demás. tiene investigaciones abiertas en una de las fiscalías penales de los tribunales de la capital, por su desempeño anterior como funcionario de Alperovich, entre 2003 y 2007. El debate en el bloque oficialista no está cerrado definitivamente por cuanto Hugo Balceda aspira a que se modifiquen aspectos polémicos de la ley 8.136. "Los legisladores deben legislar y no aplicar la ley del Talión, que habla de ojo por y diente por diente".
Sólo una catástrofe en la administración de justicia habilitaría la presentación del proyecto de intervención federal en el Congreso. En el mundillo de la política se cita a Gerónimo Vargas Aignasse como número puesto para promover una iniciativa de ese calibre en la Cámara de Diputados. Sería un remedio extremo, pero que le abriría al oficialismo la chance de desestabilizar a todos los jueces de distinta categoría. Los más duros empujan en esa dirección, que no haría otra cosa que exhibir un aspecto nuevo de la "República deforme".